250.000 empleos en riesgo: alertan por lo que pasaría con movida del Gobierno contra Airbnb

Asohost, el gremio de los prestadores de servicios turísticos por aplicaciones, se expresó contra el borrador del decreto y pidió nuevas medidas.

El proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mantiene con las alarmas prendidas al sector turístico colombiano, pues busca modificar las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) y, según los gremios, poner en riesgo cientos de miles de empleos asociados a los arriendos temporales y vacacionales mediante plataformas como Airbnb. De acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost), la medida podría afectar de manera directa a más de 250.000 puestos de trabajo y a 70.149 viviendas turísticas formales, además de comprometer una actividad que hoy genera cerca de 10,6 billones de pesos anuales para la economía del país.

(Vea también: Pueblo cerca de Bogotá, entre novedades de Airbnb en Colombia: está rodeado de ríos cristalinos)

El núcleo del problema, según el gremio, está en el cambio de naturaleza del RNT. Hasta ahora, este registro funcionaba bajo un modelo declarativo: el prestador entregaba la información, asumía obligaciones y podía operar bajo el principio de buena fe, con controles posteriores del Estado. El nuevo decreto, en cambio, transformaría ese esquema en un sistema de verificación previa, similar a una licencia restrictiva, con exigencias que Asohost califica como desproporcionadas.

“Este decreto exige a una familia lo mismo que a un hotel de 300 habitaciones. Es injusto, excluyente y desconoce la realidad del sector”, afirmó Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de la agremiación.

Entre los requisitos que más preocupan están las certificaciones de uso de suelo turístico en municipios donde los Planes de Ordenamiento Territorial siguen desactualizados, la modificación de reglamentos de propiedad horizontal para autorizar expresamente el alquiler temporal y la exigencia de certificados de bomberos y conceptos sanitarios por cada inmueble, trámites que en muchos municipios tardan meses o, simplemente, no se expiden con regularidad.

A esto se suma la obligación de tener un RNT individual por cada unidad de alojamiento, incluso cuando varios inmuebles son administrados por un mismo operador. Según los cálculos de Asohost, esta combinación de requisitos dejaría por fuera del sistema a cerca del 80 % de los prestadores, no por incumplimientos de seguridad o calidad, sino por la imposibilidad material de completar los trámites.

El impacto laboral sería especialmente fuerte en los pequeños anfitriones, donde predominan mujeres cabeza de hogar, pensionados y familias de clase media que dependen de este ingreso para sostener sus viviendas. A diferencia de los grandes hoteles, que cuentan con equipos jurídicos y músculo financiero, estos prestadores no tendrían cómo asumir la carga burocrática. El resultado, advierte el gremio, sería una salida masiva de la formalidad, concentración de la oferta en grandes operadores y un aumento de precios para los viajeros.

(Lea también: Previenen a miles que viajarán al Mundial en EE. UU.: les escarbarán sus redes sociales)

Por eso, Asohost pidió frenar el decreto en su versión actual y abrir una mesa técnica que permita una regulación gradual, diferenciada y con un período de transición razonable, antes de que la norma termine golpeando el empleo y el turismo regional.