Faltando pocos días para que finalizaran las sesiones parlamentarias de la legislatura 2015-2016, dentro del Capitolio sucedió algo que causó gran indignación entre los colombianos gracias a su rápida difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Un proyecto de ley que endurecía las sanciones a los congresistas por ausentarse, se había caído precisamente porque no se encontraban los suficientes congresistas presentes en el recinto para que existiera quórum de deliberación y votación.

Tanta reprobación por parte de los electores colombianos, hizo que al siguiente día el mismo proyecto fuera aprobado en tiempo récord (10 minutos) en su primer debate y para que no se hundiera; se espera que en esta nueva legislatura se realicen los tres debates restantes y esta puede llegar a ser Ley de la República.

El proyecto crea nuevas condiciones para endurecer los castigos a esos congresistas que no asistan a una sesión: si la ausencia es injustificada, además de no pagarle salarios y prestaciones correspondientes lo que es justo y obvio, se enviará la información al Consejo de Estado, tribunal que iniciará el proceso de pérdida de la investidura.

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La batalla por el aumento del salario minimo 

Lo que no debe llevarnos a engaño: suponer que tal norma resuelva todos los problemas que se vienen denunciando en la rama legislativa. No es concebible que la solución fuese tan sencilla: solo era necesario una ley para que los congresistas se pusieran a trabajar y a ganarse, con el sudor de su frente sus tristes salarios.

Además, tal posibilidad de la pérdida de investidura por ausentarse sin causa justificada ya existía desde la expedición de la Ley 5 de 1992 (norma sobre el Reglamento del Congreso). El numeral 4 de su artículo 270 menciona que una de las sanciones a los congresistas es la pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado a causa de la inasistencia sin justa causa. La cosa es que no se aplica.

Así que los colombianos no debemos ilusionarnos con que “ahora sí los congresistas se van a ganar su sueldito”. Su salario, que recientemente, por medio del Decreto 1056 de 2016, aumentó en 7,77% y que continuará subiendo gracias a las normas colombianas que colaboran en el reajuste de los salarios de todos los funcionarios públicos según el comportamiento de la inflación.

De esta manera los congresistas colombianos se encuentran ganando un total de 27’929.064 pesos mensualmente y el próximo año ganarán mucho más gracias a la inflación que se prevé será superior a la del año pasado.

En el mismo Congreso de la República los parlamentarios salen a los medios de comunicación rasgándose las vestiduras, mencionando que es una injusticia que ellos ganen tanto “en uno de los países más desiguales del mundo” y anuncian que tomarán medidas al respecto.

Por ejemplo el año pasado sucedió esto, se readicaron dos proyectos de ley que congelarían los salarios de los congresistas por cuatro años. Los dos fueron archivados a finales del mismo año por vencimiento de términos.

De la misma manera, cuando fue publicada esta última norma de aumento salarial, sucedió algo muy parecido: los mismos congresistas mencionaban que no estaban de acuerdo con el aumento y que iban a donar una parte de su salario a diferentes causas sociales. Amanecerá y veremos.

Lo que más indigna a la sociedad en general es que, además de ganar salarios un poco más de 40 veces el salario mínimo, sus jornadas son de las más relajadas: el Congreso de la República se cierra dos veces al año (con posibilidad de tener sesiones extraordinarias por proyectos específicos), uno a mitad de año entre el 20 de junio y el 20 de julio un mes y otra a final de año, entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo ¡tres meses!

En todo el año los congresistas no tienen que asistir al capitolio durante 4 meses. Es el periodo de vacaciones más grande que se conoce. Podríamos sostener que ni siquiera los niños y jóvenes de los colegios pueden gozar de tanto tiempo libre; aún si contamos sus semanas de receso, días pedagógicos, entrega de notas y demás.

¿Qué más nos cuesta un congresista? 

Además de sus largas vacaciones y altos salarios, un congresista cuesta mucho más. Calculemos todo lo que cuesta un congresista al mes, con su salario, demás prestaciones y gastos.

Sumemos el sueldo del congresista (27’929.064), su prima de navidad (un sueldo adicional), un plan de celular ($100.000 en promedio mensual), escolta (salario de 1’500.000 en promedio), vehículo blindado (40 millones en promedio), 4 viajes aéreos ida y vuelta a destinos nacionales (200.000 pesos promedio por viaje) y su Unidad de Trabajo Legislativo UTL, que según la Ley quinta de 1992 tiene un gasto máximo de 35 salarios mínimos mensuales (24’131.000).

Si sumamos este salario mensual, más la prima navideña dividida entre 12, más el plan de celular mensual, más el salario del escolta (algunos pueden tener más de dos escoltas… El expresidente Uribe tiene cientos), más el promedio del costo del carro blindado por mes, más los viajes aéreos y el costo de la UTL, nos daría un total de 60’420.919 pesos por congresista.

Solo hace falta multiplicar el número de congresistas que tenemos: 102 en Senado y 166 en Cámara de Representantes.

Un total de 268, lo que daría un costo alrededor de 16.192.560.000 pesos por mes.

Un costo bastante alto para ser utilizado en la creación de normas como la conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena de Indias; la rendición de honores a la memoria del periodista Enrique Santos Castillo; el homenaje al municipio de Pensilvania, Caldas; la celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima; el homenaje al municipio de San Antonio, en Tolima; la vinculación a la celebración de los 70 años de la Universidad de Caldas; o la traducción de la Constitución a todas las lenguas y dialectos indígenas, raizal, creol y lengua rom de Colombia; entre muchas otras.

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Los congresistas por fin se van a poner a trabajar 

Sin mencionar otras que limitan las libertades de los ciudadanos o que generarían graves problemas económicos y de desempleo, como son el nuevo Código de Policía; la obligación de pagar prima a los trabajadores domésticos, que traería mayor informalidad en este sector laboral; la eliminación de multas en los tiquetes aéreos, que llevaría a un importante aumento de los viajes baratos; o el aumento de los costos de las horas extras y las horas nocturnas, que causaría mayores problemas de desempleo.

¿Cómo podría operar el Estado, cómo podríamos sobrevivir los colombianos si nuestro Congreso no legisla sobre temas tan fundamentales como la conmemoración de los 145 años del municipio de Ciudad de Bolívar, en Antioquia?.

A nuestros gobernantes colombianos se les ha olvidado el objetivo del Estado de Derecho, en el que la ley se trata de normas generales y no de decisiones arbitrarias por parte de quienes se encuentran en los puestos de poder y que usualmente (si no siempre) son dirigidas con el objetivo de asegurarse los votos y el beneplácito de los electores, a costa de terceros.

Ahora que no se podrán ausentar ¿seguirán legislando como los próceres que son? Porque si van a hacer leyes de pacotilla, mejor que ni vayan y nos devuelvan la plata.

 

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