A finales de 2014, cuando el programa ‘Ser pilo paga’, que el gobierno nacional lanzó como propuesta efectiva para darle educación superior gratuita y de alta calidad a una población de jóvenes cuyas características académicas sobresalientes lo ameritaban, nadie vislumbraba las marcadas diferencias sociales y burocráticas que acarrearía lo que en teoría sería un programa estrella de inclusión y fomento al intelecto.

Cuando la primera generación de jóvenes ingresó a algunas de las mejores universidades del país bajo la modalidad de ‘pilos’, nadie imaginaba el calvario que debían enfrentar no solamente en las aulas de clase, sino fuera de ellas.

Lo primero que vino con esta “mezcla” de clases sociales en un mismo entorno académico, (casi siempre elitista), fue la discriminación social; con términos como guisos, hampones y gentuza, eran tratados quienes con pergaminos notorios habían logrado un cupo en este programa, que les aseguraba no solamente el pago completo de la carrera universitaria, bajo condiciones controladas por el Icetex, sino también un subsidio de manutención que les garantizaría no pasar necesidades de primer orden mientras cursen sus carreras.

En la actualidad, aparentemente los problemas de discriminación se han disminuido, tal vez por la presión mediática que se ha impuesto sobre este tema; pero se abrió otra llaga a la herida que los ‘pilos’ han tenido que soportar, y ahora no viene de sus “distinguidos” compañeros de curso, sino del gestor mismo del programa: el Gobierno.

Un padre de familia del casco rural de un municipio de Colombia envía a su hijo a la peligrosa ciudad donde su futuro está asegurado gracias a un programa que le garantiza, en teoría, estudio y sustento; pero la cosa se complica cuando no se le giran los auxilios económicos y el oprimido estudiante debe pasar pura y física hambre.

Para el semestre que inició el pasado enero, muchos beneficiarios aseguran que se han visto obligados a caminar por más de dos horas para llegar a sus universidades; además en los sitios donde viven se les ha solicitado el desalojo por el incumplimiento en los pagos, esto sin mencionar la imposibilidad de acceder a libros y elementos escolares, lo que ahonda más la crisis que deben soportar.

El gobierno se ha pronunciado para defender este programa y a su vez se comprometió a que en el mes de marzo se habrán girado los subsidios; esperemos que esto no se convierta en un efecto dominó de cada semestre porque los afectados directos son los jóvenes que decidieron cambiar su estilo de vida para poder acceder a la educación superior, que hoy es tan esquiva en un país como Colombia donde reina la ausencia estatal.

En Colombia ser pilo paga, a menos que desde la lentitud de los escritorios gubernamentales, cargados de mermelada y corrupción, se decida lo contrario.

LO ÚLTIMO