El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult...
Se agudiza la situación de orden público en el departamento de Nariño por la violencia generada por los criminales en la zona, disidencias y otros actores armados que someten a las comunidades, desplazan y ocasionan todo tipo de vulneración a derechos fundamentales.
Es el caso de los más de 300 niños y niñas de las zonas rurales de los municipios de Policarpa, Cumbitara, La Unión, La Llanada y El Rosario, Nariño, cuyo derecho a la educación está siendo vulnerado toda vez que no hay profesores por el temor de desplazarse hasta esos territorios.
La alerta la lanzó la Defensoría del Pueblo al revelar los resultados de un análisis que dejan en evidencia el déficit de docentes para prestar el servicio educativo. Según la lectura, una de las causas es que no ha sido tenida en cuenta la ubicación de los centros educativos que están en zonas de difícil acceso, y el desarrollo del conflicto armado.
Para la Defensoría esta situación es una evidente violación a los derechos de los menores de edad, lo que también implica una afectación al libre desarrollo de su personalidad y al goce de una formación integral.
(Lea también: A “Pichi Belén”, histórico cabecilla de La Oficina, lo detuvieron y luego lo soltaron en El Poblado)
“El Ministerio de Educación y las entidades departamentales de Nariño deben poner en funcionamiento planes prioritarios articulados que permitan el retorno de las clases presenciales, sobre todo porque se trata de menores de edad, sujetos de especial protección constitucional”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El organismo detalló los casos más graves, por ejemplo en el municipio de Cumbitara, las instituciones Santa Rosa, Pizanda, Sidón y San Pedro no cuentan con docentes en varias áreas por renuncias, falta de reemplazos y finalización de contratos.
En la escuela San Pedro, tres sedes no han iniciado clases por ausencia de profesores, razón por la que 52 niños están perjudicados. Dos sedes de Pizanda (Aminda y La Herradura) y otras cuatro de la escuela Sidón (San Agustín, Monte Alto, El Placer y El Pinde) tampoco han iniciado clases, lo que, como consecuencia, afecta a 18 y 33 alumnos, respectivamente.
Mientras tanto, en el municipio La Llanada hay cuatro sedes cerradas de la Institución Técnica Agropecuaria Rodrigo Lara Bonilla, es decir, 87 estudiantes no están recibiendo educación.
(Vea también: Estos son los tres países desde donde más llega contrabando a Colombia, según la Dian)
“Padres de familia de los centros educativos de San Sebastián Sede 2 y El Palmar, de la vereda El Prado, así como del Centro Educativo María Auxiliadora, de la vereda La Florida, y del Rodrigo Lara Bonilla, le manifestaron a la entidad nacional de derechos humanos la necesidad de que entes departamentales ayuden al restablecimiento de las clases presenciales, debido a que la metodología de educación adoptada, a través de guías que se desarrollan en casa, ha resultado insuficiente e ineficiente para garantizar el aprendizaje de sus hijos”, informó la Defensoría.
Finalmente, el panorama en La Unión, Policarpa y El Rosario es igual de crítico, allí aunque los menores de edad están recibiendo clases, persiste la falta de docentes y personal administrativo.
En una sede de la Institución Educativa Juanambú, en el municipio de La Unión, faltan dos docentes y cuatro conserjes. En Policarpa, que enfrenta una situación crítica a causa del conflicto armado, su institución educativa carece de maestros.
En El Rosario, las instituciones Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Carmen y Sagrado Corazón de Jesús y los centros educativos Los Pinos y San Miguel presentan déficit de profesores, especialmente para la básica primaria.
(Lea también: La lucha de dos abuelos que lograron ser reconocidos por la Corte como desplazados por factores ambientales)
“El panorama, que nos preocupa como Defensoría del Pueblo, nos obligó a interponer acciones constitucionales, para que el derecho a la educación de las niñas, los niños y adolescentes sea efectivamente garantizado. Nos urge que quienes no han podido regresar a clases, puedan hacerlo, y que quienes están necesitando docentes, cuenten con ellos a la mayor brevedad”, remarcó Carlos Camargo Assis.
LO ÚLTIMO
.svg)
