El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult...
La Procuraduría General de la Nación, después de conocer las múltiples denuncias en contra de la representante a la Cámara, Susana Gómez Castaño –conocida como Susana Borela–, y su asesor, Christian David Guzmán, provenientes de miembros y exmiembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), formuló cargos en contra de ambos por “el trato irrespetuoso contra varios miembros de su equipo”.
“Hace más de 3 meses renuncié con otros compañeros al equipo territorial de la congresista anteriormente mencionada, los motivos que me llevaron a tomar esta decisión fueron muchos. Duré más de un año sin un contrato, sin una EPS (…) sin un pago digno”, había dicho uno de los denunciantes.
(Lea también: “Soy consumidora de marihuana todos los días”: la confesión de la representante antioqueña Susana Boreal)
Por lo cual, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló a través de un comunicado, este martes 28 de noviembre, que, al parecer, la congresista por el Pacto Histórico y su asesor, –quien también es su pareja–, habrían incurrido “en conductas con las que pudieron causar ofensas y prejuicios a miembros de su grupo de trabajo al descalificar sus labores, ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvían”, detalla el documento.
De igual manera, el ente de control indicó en su comunicación, tras varios meses de investigación, que este tipo de acciones terminaron por “configurar la vulneración de los presupuestos mínimos de conductas exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la congresista y el asesor con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio” para referirse al trabajo y las opiniones de cada uno de sus colaboradores y equipo de campaña, entre agosto y enero de 2023, respectivamente.
Por tanto, el Ministerio Público considera que el presunto comportamiento de Gómez y Guzmán, pudo llegar a infringir el principio de moralidad, y que sus acciones pueden ser calificadas como falta grave a título de dolo.
Aunque este no es el único motivo por el que la Procuraduría investiga a la congresista, pues en marzo del presente año, luego de que se conocieran estas denuncias de acoso y explotación laboral, también se encontró que Christian David Guzmán, en calidad de su pareja, no solo habría sido contratado por ella con un generoso sueldo de $ 9.280.000, sino que este no tendría los méritos académicos ni la experiencia laboral para ocupar tal lugar dentro de su equipo de trabajo.
Ingresó al equipo legislativo con un certificado de cinco semestres en ciencias políticas de la Universidad Nacional –claustro de donde fue expulsado por bajo rendimiento– y con un certificado laboral emitido por el entonces congresista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, documento que tendría inconsistencias.
“La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la congresista habría nombrado y posesionado como asesor a su pareja sentimental, con lo que podría haber incurrido en falta disciplinaria y actuado a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses”, detalló la Procuraduría, en su momento.
LO ÚLTIMO
.svg)
