Para garantizar energía en la costa, Electricaribe recibirá inversión del Gobierno

Será un desembolso por 135.000 millones de pesos para atender la demanda de siete departamentos hasta finales de 2018.

Torres energía
Torres energía| Electricaribe

Esa es una de las medidas anunciadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que le permitirán a la empresa comprar energía en los mercados para atender la demanda en la costa. Este dinero es entregado por el Ministerio de Hacienda, y se suma a los 150.000 millones de pesos que la Superservicios ya había puesto a disposición de la compañía.

Adicionalmente se conformará un comité para supervisar el último tramo de la intervención, y tendrá una nueva solicitud de garantía soberana “por las sumas que se requieran” para financiar el plan de inversiones de Electricaribe, con el fin de obtener mejoras en la red de distribución mientras se consigue un nuevo operador.

En relación a esto, la Superservicios aseguró que no es cierto que haya planes para devolver a la española Gas Natural Fenosa la operación de su filial Electricaribe. El Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, dijo: “No tengo conocimiento de esos planes. En realidad esto es un proceso de insolvencia en el que tenemos que vender unos activos para pagar unos pasivos y simultáneamente asegurar la operación continuada del servicio de energía en la costa Caribe”.

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Electricaribe fue intervenida por el Gobierno el 15 de noviembre del 2016 por estar inmersa en una crisis financiera que afecta la prestación del servicio en los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde tiene su área de operación.

Posteriormente, el pasado 14 de marzo la misma Superintendencia ordenó la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio, decisión a la que Gas Natural Fenosa respondió con una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.

Mendoza explicó que por tratarse de un proceso de insolvencia “es un proceso abierto en el que puede participar cualquier persona que quiera poner los recursos que se requieren para remozar la red de distribución de Electricaribe”.

El funcionario reiteró que en el proceso que se sigue con Electricaribe “hay unas reglas que cumplir porque Colombia es un Estado de derecho”.

Con información de EFE.

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