Los “sin acuerdos” del Gobierno y las Farc que demoran la firma de la paz

Mientras que los más optimistas creen que en junio podría haber humo blanco, otros analistas piensan que esa fecha está aún muy lejos. En resumen, estos son los “sin acuerdos” que mantienen trabado el proceso de paz en Colombia:

Una cosa es lo que piensa quien enjalma y otra…

Para el abogado Abelardo de la Espriella “la guerrilla no suelta los fusiles sino hasta que el tema jurídico quede blindado”, escribió para El Heraldo de Barranqulla.

“Timochenko y sus camaradas saben que el plebiscito de Santos no les ofrece garantías reales y proponen firmar el acuerdo, pero sin soltar los fierros y con la opción de hacer proselitismo hasta tanto una constituyente los cobije”, advirtió.

En se sentido, Semana dice que no hay consenso entre las partes sobre las zonas de concentración guerrillera, en especial sobre el régimen interno que las gobernará. Mientras que para el Gobierno las zonas deben servir para que los combatientes pasen a la legalidad, para las Farc “es el comienzo del trabajo político”, señaló la revista.

El Gobierno no quiere que las Farc tengan contacto con la población civil desde o en las zonas de concentración, para evitar alguna violación del DIH, pero la guerrilla no lo acepta porque eso impide su avance hacia política, indicó la publicación.

Otro desacuerdo está en el levantamiento de las órdenes de captura de los jefes guerrilleros. Mientras el Gobierno sólo permitiría que esto sea posible dentro de las zonas, las Farc buscan que esta medida se revoque a todos sus integrantes que tengan algún proceso pendiente con la justicia.

Para el Estado colombiano, con la dejación de las armas empieza todo el proceso, para las Farc, termina todo el proceso. Es decir, que la guerrilla no dejaría las armas sin que antes “se incorporen los acuerdos al ordenamiento jurídico vía un acuerdo especial; que se refrenden los acuerdos y se empiece su implementación en particular en materia de amnistía e indulto”, destacó Semana.

Otra de las grandes diferencias que mantienen en el limbo el fin del proceso, es la forma en la que el Gobierno garantizará la seguridad de los guerrilleros después de dejar las armas, advierte El Tiempo.