Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.

Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Abr 19, 2024 - 5:11 pm
Visitar sitio

El próximo 8 de mayo, el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño, tendrá que asistir a una audiencia reservada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con lo dicho por esa jurisdicción, la finalidad del encuentro es que “conocer los compromisos con la vida, la seguridad y la integridad personal de los y las firmantes del Acuerdo de Paz en el marco de las negociaciones que se adelantan dentro de la política de “paz total””.

La diligencia judicial fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco de las medidas que adoptó para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes obligatorios ante esta Jurisdicción. La diligencia, se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo de 2024 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., en la sala Albert Camus, del edificio de la JEP en Bogotá.

(Vea también: ‘Carlos Antonio Lozada’ se fue contra la JEP y lanzó fatídica predicción para las víctimas)

Además de Patiño, fueron convocados “los jefes delegados por el Gobierno Nacional en las mesas de negociación instaladas en el marco de la política de “paz total””.

Así mismo hicieron énfasis en que abordarán de manera integral la situación de seguridad que enfrentan los firmantes al sur del país. Esto debido a que se han estado presentando varios hechos victimizantes que evidenciarían falta de garantías y seguridad para los excombatientes, principalmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Sumado a esto, recordaron que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que le negó la libertad a Salvatore Mancuso, reportó en los primeros meses de 2023 el asesinato de 39 excombatientes.

En el documento, la JEP mencionó que la Corte Constitucional ya había expresado que “el desarrollo del derecho a la paz es una política de Estado y por ello (…) deben las instituciones y autoridades del Estado, cumplirlo de buena fe como obligación de medio”. Idea que fue avalada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quienes también resaltaron la importancia de hacer seguimiento a las medidas cautelares que ya han sido ordenadas en este aspecto.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.