Según un informe de la agencia de derechos humanos Pandi, Colombia es “un país peligroso para la niñez” y eso ha quedado en evidencia una vez más en el cruel asesinato de Michel Dayana González, la niña de 15 años que murió a manos de Harold Echeverry, el confeso criminal que aceptó que le quitó la vida en un taller de Cali.
Ximena Norato, directora de Pandi, reveló en Colprensa que en Colombia anualmente mueren 634 niños y niñas víctimas de homicidio o feminicidio. Esta cifra debería ser escandalosa, pero se ha vuelto paisaje por naturalizar prácticas como las de Echeverry, ya que los feminicidios lamentablemente ocurren frecuentemente en el país y también exponen a las autoridades, que no han podido frenar este fenómeno.
(Vea también: Hipótesis de por qué al confeso feminicida de Michel Dayana no le imputaron abuso)
Lo peor del caso es que el confeso asesino buscaría que con pedir perdón a la familia y aceptar cargos pueda aspirar a algún beneficio como rebaja de pena. Y es ahí donde está el gran reto de la justicia colombiana, pues este sujeto no es la primera vez que tiene conductas parecidas, ya que tiene antecedentes por acceso carnal violento contra menor de 14 años, un delito por el que inexplicablemente quedó libre en 2019.
“Pido perdón a la familia”: fueron las únicas palabras que se escucharon de Echeverry en la audiencia de legalización de captura. Sin embargo, no es claro si su acto de contrición es cierto u obedece a las recomendaciones que los abogados les hacen a sus clientes en problemas con la justicia.
Esa escueta solicitud de perdón, muy común entre criminales que cometen este tipo de delitos, ¿tiene algún sentido realmente? El hecho de que la manifieste solo cinco días después de haber cometido el atroz crimen y
de haber intentado escapar, incluso fuera del país, pone las palabras de Harold Echeverry en planos que se mueven entre el cinismo y la desfachatez antes que en el del arrepentimiento verdadero.
Esa solicitud de perdón es claro que no tocó las fibras del papá y la mamá de la niña, quienes incluso dieron detalles de cómo actuaba este sujeto y pidieron la máxima condena para que pague por sus actos.
“Él se sentaba, comenzaba a darle mecato, a esperar a la niña. El Estado también tiene la culpa. Él ya tenía planeado todo. Su intención era tirarla como un perro a la calle. Quiero verlo sufrir”, dijo la mamá Paola Sierra en diálogo con Tu Barco.
Un caso similar es el de la niña Yuliana Samboni, asesinato en el que todas las pruebas estaban en contra de Rafael Noguera, que al igual que Echeverry, salió a pedir perdón, pero eso no ha sido ni será suficiente para devolver la tranquilidad y reparar a la familia de semejante crimen.
El perdón es una instancia a la que incluso llegó el más temido monstruo de la infancia colombiana Luis Alfredo Garavito, recientemente fallecido en Valledupar, quien con sangre fría salió a disculparse por sus actos: “Yo les pido perdón por todo lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté y no sólo a esos [niños], sino a otros más”.
Las cifras de violencia contra la niñez son un llamado de atención para las familias, la sociedad y el Estado, que han demostrado su incapacidad para defender los derechos de los menores. Para ello, debe haber un reforzamiento en las cadenas de protección y aplicar condenas ejemplares en delitos contra la población infantil, para que de verdad sea una práctica que se erradique por completo.
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