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Este viernes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo oficial, ante la comunidad internacional, su respeto a la integralidad del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.
El jefe de Estado le envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se compromete a aplicar una declaración unilateral de Estado en ese sentido, que fue efectuada por el expresidente Juan Manuel Santos Calderón el 13 de marzo de 2017.
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“El documento oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad que hace suyo el contenido del Acuerdo de Paz de la Habana hay que respetarlo integralmente. No cabe modificación alguna. El presidente Petro hace propia esa obligación asumida frente al Consejo de Seguridad y las naciones del mundo”, informó la Presidencia en un comunicado.
Uno de los puntos que llama la atención en la misiva enviada por el jefe de Estado es la mención a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el general Mario Montoya no aceptó cargos por falsos positivos, el organismo de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz para investigar y sancionar a los exguerrilleros, militares y terceros civiles .
“Habrá un empeño adicional para que la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (…) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”, se lee en la carta.
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Hace apenas una semana, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Álvaro Leyva criticó a la JEP, y aseguró que el alto tribunal se “está descarrillando”.
“Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva.
En la misiva de este viernes, el presidente le dijo al secretario general de la ONU que la JEP deberá aplicar “el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, y agregó que “deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (…)El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.
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