El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En el Concejo de Bogotá fue radicado un proyecto de acuerdo que busca “castigar” a los estudiantes que sean investigados por actos de vandalismo en contextos de protesta. Esto, como consecuencia del rechazo que suscitaron en un sector de la ciudad, los recientes altercados continuos en inmediaciones a universidades públicas de la capital y que han terminado con actos de vandalismo como la quema de buses del Sitp y las estaciones de Transmilenio.
(Lea también: Ya empezaron a regir las nuevas tarifas de transporte público entre Soacha y Bogotá)
La agitación en las universidades públicas ha generado diversas protestas que, aunque son legítimas, han terminado con muestras de violencia y daños a la infraestructura de la ciudad que terminan pagando los ciudadanos. Teniendo en cuenta esto, el concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, radicó un proyecto de acuerdo que toca directamente esta problemática.
“Cada manifestación en la ciudad deja millonarias pérdidas para la ciudad. Solo la semana pasada, el incendio a un bus del Sitp en medio de las protestas de la Universidad Distrital, dejó daños por más de $700 millones”, indicó el cabildante.
(Vea también: La innovadora técnica arquitectónica con la que restauran el San Juan de Dios)
Según la propuesta lo que se busca es que aquellos que, en el marco de la protesta social, realicen conductas violentas contra el patrimonio público o privado, o que atenten contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil, les sean suspendidos los beneficios educativos y demás subsidios que ofrece el Distrito Capital.
El tiempo de la suspensión de los beneficios estaría directamente relacionado con la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario. Una vez esclarecida la situación jurídica y culminado el proceso respectivo, se revisará la suspensión, permitiendo retomar los beneficios en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas. En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable, podrán ser retirados definitivamente.
“El acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”, enfatizó el concejal Uscátegui.
LO ÚLTIMO
.svg)
