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Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 1.535 líderes y lideresas sociales en Colombia, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). De estos, 121 casos se han perpetrado en 2023 y 171 desde que Gustavo Petro es presidente de la República.
El país también se ubica como la primera nación en persecuciones y asesinatos de liderazgos ambientales. La ONG Global Witness, autoridad internacional en este tipo de monitoreos, mostró a inicios de la semana pasada que entre 2012 y 2022 en Colombia han sido asesinados 382 personas de esta población, ante un panorama turbio e incierto que deposita sus esperanzas en los avances que tenga el ya confirmado Pacto de Escazú, que tuvo luz verde en el Congreso en octubre de 2022.
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Sin embargo, datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz y difundidos también por la Unidad Nacional de Protección (UNP) muestran una tendencia a la baja de asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las Farc y masacres.
De acuerdo con el informe, en los primeros nueve meses de este 2023 se han reducido los asesinatos de líderes y lideresas sociales en un 22 % respecto al mismo periodo en 2022, cuando se registraron 148 crímenes de este tipo. A lo largo de este año, con corte al 12 de septiembre de 2023, 28 exguerrilleros de las Farc desmovilizados en 2016 han sido asesinados. Lo que representa una reducción de 17 % respecto a los mismos meses en 2022 (33 hechos).
Lo propio sucede con la comisión de masacres. Hasta septiembre de 2022 se presentaron 76 masacres en el país que había dejado 255 víctimas. En el mismo periodo de 2023 hubo 64 masacres con 208 víctimas, lo que representa una disminución del 18 %. Los departamentos más afectados son Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Cauca, Nariño y Putumayo.
Para Leonardo González, director del Observatorio de DD.HHH. de Indepaz es indispensable proteger los territorios que están en disputa de grupos armados y “redoblar esfuerzos en prevención, protección y mecanismos de autoprotección” para que no ocurran más estos flagelos que persisten en el posconflicto.
En cuanto a la protección de la vida de defensores de DD.HH., Naciones Unidas dijo que con corte al 30 de junio de 2023 en Colombia se redujeron en un 19 % los asesinatos contra estas personas respecto al periodo julio-diciembre de 2022.
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Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló también que si bien tanto esos indicadores, como los de desplazamiento forzado han disminuido, preocupa el asesinato de defensores de DD.HH. en departamentos como Cauca, donde tan solo en el primer semestre de 2023 fueron asesinados 12 de ellos. En el informe que ese organismo entregó el pasado 15 de agosto, su conclusión era que las masacres aumentaron en Colombia y que se habían perpetrado 52 entre enero y junio.
Los indicadores que mostraron al 2022 como uno de los periodos más violentos de los últimos 20 años no solo son mostrados por organizaciones nacionales. La ONG Frontline Defenders publicó un estudio en abril de 2023 en el que señaló que de los 401 asesinatos a defensores de derechos humanos en los 26 países con índices de violencia criminal más altos durante ese año, el 46% de los hechos se perpetraron en Colombia.
La misma organización mostró que en 2022 Colombia, con 186 casos, encabezó una lista de cinco países que concentraron el 80 % de los asesinatos a defensores de derechos humanos. Le siguieron Ucrania (50), México (45), Brasil (26) y Honduras (17).
Organizaciones como Human Rights Watch también reconocen la reducción de asesinatos de líderes sociales, defensores de DD.HH. y población reincorporada, pero desde sus cifras hacen un llamado para que cada vez más vaya reduciendo este flagelo que sigue siendo presente y masivo en los territorios.
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En uno de sus informes sobre seguridad en 2023, esas organizaciones indicaron que en los primeros siete meses del año se registraron 100 asesinatos de este tipo, donde abril fue el mes más violento con 20 casos, seguido de marzo (15), julio (15) y enero (14).
Al igual que la política del Acuerdo de Escazú, en Colombia ya está vigente una ruta de protección para líderes y lideresas sociales amenazados por grupos armados, encabezada por el Ministerio del Interior y su dirección de Derechos Humanos.
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