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Luis Carlos Leal es médico, tiene 35 años y en un mes y medio como superintendente de Salud hizo dos intervenciones de EPS que tenían 17 millones de afiliados. En entrevista con El Colombiano asegura que cree que está haciendo lo correcto pero dice que si fallan las medidas no será su responsabilidad.
¿Es verdad que ustedes no tenían el expediente de las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS como lo dijo el procurador delegado en la inspección que les hicieron?
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Yo ni siquiera estaba en la oficina, me encontraba en una diligencia externa. A mi me llamaron cuando llega el equipo de la Procuraduría. Inmediatamente me dirijo a la Superintendencia y ellos empiezan a pedir la información más allá de las cinco de la tarde. Cuando yo llego me muestran el auto, lo ponen en mis manos. No era un procurador delegado, sino cuatro y al menos quince funcionarios de la Procuraduría. Yo no firmé en ningún momento el recibido del auto porque me lo quitaron y no me lo volvieron a mostrar. Las preguntas, hay que reconocerlo, fueron bastante capciosas y parecía que el único interés era indagar por Sanitas porque era la pregunta principal. Eventualmente pedían información también por Nueva EPS, teniendo en cuenta que Nueva EPS tiene casi el doble de afiliados que Sanitas. Nosotros la información la tenemos en distintos expedientes porque hace parte de diferentes componentes de las dependencias de la Superintendencia. De esos expedientes con las decisiones completas para intervenir a Sanitas y Nueva EPS se entregó toda la información esa misma noche y hay actas de recibo cuando terminó la diligencia. El procurador ya se había ido de la entidad pero había llegado con medios de comunicación que no tuvieron ingreso por motivos de seguridad y porque no sabíamos cuál era la diligencia. Me quedé hasta el cierre del acto y entregamos toda la información que hacía falta por correo electrónico.
En la resolución de la intervención a Sanitas hay un párrafo en donde ustedes se refieren a datos de Nueva EPS. ¿Por qué ese error?, ¿no da la impresión de improvisación?
No. Había dos procesos en curso y es un error humano de digitación. Reconocemos el error que se nos pasó a otras personas que revisamos el acto administrativo en repetidos filtros. Sin embargo, los datos reconocidos en la auditoría corresponden a Sanitas. En todo caso la ley habla de que cuando hay un error de taquigrafía que no tiene una relevancia en las sustentación del acto, este se puede corregir y no tiene ningún impacto en su validez jurídica.
¿Sanitas estaba en medida de vigilancia especial?
No.
¿Por qué decidieron llegar a la intervención antes de tener otras medidas previas como la vigilancia especial? En Medimás hubo vigilancia especial un año antes de intervenir…
Porque justamente tuvimos en cuenta la historia. No hay una jerarquización de las medidas ni un orden lógico, eso no existe. La ley permite que en la gama de posibilidades de la aplicación de medidas que tiene la Superintendencia se pueda aplicar una u otra de acuerdo con la necesidad y la evaluación de cada uno de los casos. No hay una necesidad de que primero vaya una y luego otra y otra. Yo sé que hay hasta exministros que han dicho eso, pero los mismos exministros consultaron al Consejo de Estado y tienen la respuesta de desde el año 2017. El Consejo de Estado dice que no hay una secuencia lógica y que hay discrecionalidad siempre y cuando se cumplan con los recursos de ley que están en la normativa. ¿Qué pasó antes?, ¿fueron exitosas las medidas de vigilancia especial por ejemplo para el caso de Medimás? No. No fueron aplicadas de manera oportuna o negligentemente fueron muy suaves para la necesidad de cada uno de los casos. Aquí estamos ante una medida que nos permite generar un cambio administrativo y no seguir generando una surte de pañitos de agua tibia. Aquí lo que estamos haciendo es actuar de una manera ponderada actuando en favor de la vida de las personas de una manera oportuna, no esperar repitiendo la historia.
Pero repetir la historia también un poco es revisar qué ha pasado con las intervenciones en este Gobierno y en gobiernos anteriores. Las intervenciones que no funcionaron fueron dramáticas. Se robaron las EPS con agentes interventores que terminaron en la cárcel. ¿Por qué creer que estas intervenciones sí van a funcionar?
Le insisto. Porque estamos tomando medidas diferentes, no estamos repitiendo la historia de dejar un interventor solo. La Superintendencia tiene la responsabilidad de acompañar la intervención, vamos a acortar los tiempos de vigilancia y control y lo tercero es que las juntas asesoras tienen una labor muy importante. Usualmente el interventor tenía la potestad de administrar pero no había integración de información entre las personas jurídicas a las que se les adeuda parte de los recursos del sistema. Aquí tenemos juntas en donde los acreedores tienen participación y eso permite identificar por qué no se estaba pagando y que tengan incidencia en la democratización de los recursos de la salud. Con eso se eliminan barreras de atención y hay una oportunidad de ver de una manera más adecuada por qué a los que no están en esa junta sí se les estaba pagando oportunamente. Es una forma de ver que en el diseño de los contratos haya tarifas equitativas en igualdad de oportunidad en la atención.
Esto pasa casi que al tiempo que al Gobierno le hunden la reforma a la salud en el Senado. No intervinieron Sanitas cuando Cruz Verde se quejó de que le debían 400.000 millones pero sí ahora. ¿Intervienen porque al Gobierno le tumban la reforma?
Puedo responder por las decisiones de la Superintendencia del 23 de febrero para acá. De por qué se omitieron decisiones antes se sale de mi competencia contestar. Desde que llegué a la Superintendencia me puse fue a trabajar, a hacer inspección, vigilancia y control. Tomar una medida como esta no es algo de cinco minutos. No es algo de que yo haya estado viendo el noticiero y dijera: ay se va a hundir la reforma, ya vengo voy a intervenir. Eso no se maneja así; se hace un análisis riguroso y juicioso, un comité dentro de la Superintendencia donde se asesora la toma de decisiones y la elaboración incluso de los actos administrativos.
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Pero entonces usted llegó y las intervenciones tenían que estar listas porque usted lleva un mes en el cargo…
No. Analizar los datos financieros, recogerlos y sentarnos rigurosamente a revisar el histórico de los PQRs, mirar cómo se han venido comportando los índices de siniestralidad y definir las acciones me tomó un mes y medio. Pero no significa que estuvieran hechas.
Los superintendentes tienen un único jefe que es el presidente de la República. Son delegados del presidente. ¿A usted el presidente Gustavo Petro le ordenó hacer las intervenciones?
A mi el presidente Gustavo Petro me ordenó cumplir la ley y me ordenó proteger la salud y vida de las personas y eso es lo que estoy haciendo.
Pero, ¿él le mencionó intervenir las EPS en algún momento?
No.
¿Por qué intervienen Nueva EPS si el mismo Gobierno había logrado tomar el control con Aldo Cadena?
Nosotros vigilamos sin raseros. No decimos: vamos a vigilar mejor al privado que al público. Nosotros aplicamos la ley y protegemos a las personas. Quien tenga el control no nos importa. Igual va a ser con los interventores. Los que no funcionen se van y vamos a estar encima de ellos para garantizar que efectivamente esa administración de los recursos vaya en pro de la gente. Como entes de control nos tienen sin cuidado el cambio administrativo porque las medidas de intervención también remueven la junta directiva y la junta de accionistas que tienen una parte importante a la hora de generar burocracias administrativas. No tiene nada que ver con que haya habido un cambio o no de directivos. Los indicadores financieros y de PQRs de la Nueva EPS tampoco estaban bien y nosotros tenemos que actuar.
Pero, ¿eso no es paradójico?, ¿cómo se entiende que el Gobierno logre tomar el control de la EPS más grande con un directivo de toda su confianza, y que ni esa persona genere buenos resultados y el Gobierno termine interviniendo por malos resultados?
No estoy diciendo que la culpa sea del doctor Cadena. La Nueva EPS llevaba con indicadores horribles desde hace mucho tiempo. No es una novedad con la llegada del doctor Cadena. Al contrario, ese fue el último pedacito y yo no creo que haya tenido alguna incidencia en cambiar las cifras porque llevaba muy poco en el cargo. Nadie le está echando la culpa a él. Estamos tomando una decisión sin raseros. Yo no puedo ver si lleva un mes en el cargo, si fue culpa suya o no fue culpa suya; lo que debemos hacer es proteger a las personas. No dudo de las capacidades de Cadena pero si en algún momento no funcionan, por ejemplo, los actores interventores, se van.
¿Ustedes recibieron alertas en la Nueva EPS por supuestos contratos para personas cercanas o incluso familiares de Aldo Cadena?
No.
¿Van a aceptar la solicitud de liquidación voluntaria de Compensar?
Sería irresponsable si le contesto sí o no. Tenemos que estudiar la solicitud. La Superintendencia no puede tomar una decisión a la ligera como es la liquidación o el retiro voluntario del sistema de salud. La ley nos permite a nosotros tener la decisión sobre si se acepta o no se acepta porque es un derecho fundamental que se presta con recursos públicos. Son más de dos millones de personas a las que hay que garantizarles la salud; por ejemplo que en el territorio que se encuentren puedan tener la posibilidad de hacer una transición a otra EPS en el marco legal y que además se les garantice el derecho a la libre escogencia que tenemos hoy. Hay que hacer un estudio poblacional de las características de sus afiliados, las condiciones de las cargas de enfermedad, edades de cada persona y la disponibilidad de agentes que puedan asumir a cada uno de ellas. Hasta que no se tenga esa información completa no se puede dar ese paso. Una vez se haga ese análisis le tengo la respuesta.
Esta semana hubo mucha turbulencia por estas decisiones y el anuncio de Compensar. ¿Están preparando otras intervenciones?
Nosotros estamos trabajando. Estamos vigilando y aplicando las medidas en los análisis que realizamos. ¿Cuándo se informará? Cuando se tome la decisión. No antes, no después. Porque precisamente ese tipo de errores de información que de manera proactiva algunos congresistas han vendido haciendo, inclusive alcaldes, lo que generan es pánico. Realmente todo lo contrario. Aquí lo que estamos es dando un mensaje de que estamos tomando medidas de manera oportuna y preventiva para que no haya catástrofes al interior del sistema porque vemos que las cosas van mal ya que en el marco legal no tienen capacidad de generar aseguramiento oportuno y adecuado. A las personas se les va a garantizar la prestación del servicio en las tres EPS de las que hemos hablado esta semana. Hemos tomado medidas desde la delegada de protección del usuario y hemos enviado personal de la Superintendencia a cada una de las entidades a sus sitos críticos de atención para que en ningún momento se vaya a presentar ninguna alteración a la prestación del servicio. Que las personas que lleguen allá porque están enfermas, o no las han autorizado ni entregado medicamentos, o porque tienen una preocupación legítima de lo que pueda ocurrir por esos vacíos en las comunicaciones, se resuelvan rápidamente y que se garantice la prestación. A los prestadores, a los hospitales y las clínicas, a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos que son los que entregan los medicamentos en todo el país, también darles la tranquilidad de que el flujo de recursos va a continuar llegando como lo ha hecho de manera exacta la ADRES y que esos contratos deben continuar vigentes porque la orden es que en ningún momento se pueden poner barreras adicionales o generales en la prestación del servicio de salud.
¿La crisis del sistema no se exacerbó en este Gobierno con la realidad de que solo se subió la UPC al nivel de inflación y hubo retrasos en los presupuestos máximos?
Yo creo que no porque precisamente esa crisis viene de larga data. El aumento de la UPC es el mayor que se ha hecho en la historia y eso es una realidad. Los presupuestos de la UPC se han girado a tiempo, es decir, el Estado ha venido garantizando el flujo de recursos. Los cargos de los presupuestos máximos tampoco eran una deuda actual. Venían de una crisis desarrollada por covid y otras situaciones y, al contrario, el Gobierno ya los está pagando y corresponden a una proporción muy mínima si uno lo compara con lo que es la UPC. Luego, esa crisis previa se había tratado de arreglar e incluso hizo que el Estado desarrollara leyes de punto final, que es básicamente reconocer que se fracasó en la delegación de la administración de los recursos públicos de la salud a unos terceros y que, además de que los terceros generaron las deudas, además de todos los casos de corrupción en el sistema tanto en entidades públicas como privadas, pues todos los colombianos terminamos asumiendo esa deuda de esa gente que se robó la salud. Entonces decir que esta crisis actual es fruto únicamente del actuar de este Gobierno sería muy atrevido e injusto con la historia.
¿Usted tiene miedo de que lo suspendan?
Yo lo que quiero, pido y lo que espero, es que el proceso sea transparente, que la gente tenga la oportunidad de conocer cuál fue el hallazgo que tuvo la Procuraduría y, si eso da, estoy muy tranquilo. Estoy seguro de la forma en la que se tomaron las decisiones fue de acuerdo con la ley. Lo hicimos no solamente por la misionalidad de la Superintendencia, sino también por mi compromiso como trabajador de la salud. A mi lo que me interesa es la vida y la salud de las personas. Esa tranquilidad me da la posibilidad de que en los raticos que tengo duermo en paz. Responderé ante todos los entes de control que lo requieran.
Si esto no funciona, ¿usted asume la responsabilidad?
Ya hemos reconocido que el sistema requiere un ajuste, el sistema requiere una transformación. El Congreso de la República tuvo la oportunidad de dar un debate en cualquier sentido que hubiese sido para reformar porque ellos saben que se necesita una reforma. Yo respondo por tomar las medidas oportunas hoy que creo, siento y que en el derecho se me permiten para garantizar que las personas tengan su derecho a la salud garantizado y protegido porque ese es mi deber. Pero que yo me vaya a echar la culpa del fracaso del sistema o el fracaso de lo que podamos hacer en una manera para mi vacía frente a muchas otras oportunidades de mejora que tenía el sistema de salud que no podía cambiar desde la Superintendencia, ya sería darme mucho palo. Tengo un compromiso grande, pero tampoco creo que el fracaso de la situación o del sistema vaya a ser culpa mía.
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