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Desde comienzos del Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha mencionado insistentemente la necesidad de reformar las leyes 142 y 143 de 1994 que son las que regulan los servicios públicos en Colombia, con el fin de tener -desde el Ejecutivo- una mayor capacidad de controlar los parámetros fundamentales que rigen su diseño y filosofía de fondo.
El 28 de febrero de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) se pronunció sobre los proyectos de reforma que han sido publicados y comentados, al respecto, Cámara Colombiana de la Energía destacó varios de los aspectos que preocupan al sector con estas reformas que impulsarían aspectos como: el rediseño del marco regulatorio.
Así lo expuso el superintendente de Servicios Púbicos, Dagoberto Quiroga, en una columna de opinión:
“(…) las comisiones de regulación han sido tradicionalmente lejanas de la sociedad, pero muy cercanas a las empresas del sector de servicios públicos. Por eso, con frecuencia, sus decisiones regulatorias se preocupan más por regular el negocio y el mercado, que por proteger los derechos de los usuarios. Creemos que la conformación de comisiones de regulación independientes es una discusión pendiente que es necesario debatir en la reforma de la Ley 142”.
Para la Cámara Colombiana de la Energía, afirmar que las comisiones regulatorias han sido lejanas a la sociedad y cercanas a las empresas, sin fundamento analítico de fondo que lo sustente, es desconocer el rol que las comisiones desempeñan para garantizar el entorno para que los servicios públicos se presten en las condiciones previstas en las leyes 142 y 143 de 1994.
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“La Constitución establece que todos los colombianos tienen derecho a los servicios públicos y la tarea de las comisiones, en especial de la CREG, se ha concentrado en coordinar con las demás agencias públicas y con agentes privados, aquellas acciones que permiten afirmar que en 30 años de vigencia de ambas leyes la cobertura ha crecido de manera sostenida, la calidad ha mejorado -no todo lo que se requiere- y en el caso de los energéticos, son 30 años de servicios continuos, sin apagones, como aquel de inicios de los años 90”, precisó la entidad.
Y expuso que “repetir el mantra de Porfirio Díaz, sobre el destino de México, “tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos”, para poner a las empresas como entes maléficos que deben ser combatidos, no debe ser el piso teórico para plantear una reforma”.
En línea con la información de la Cámara, las comisiones han obrado de manera diligente en la tarea de regular el entorno de prestación de los servicios públicos, más allá de la idea de que regulan el negocio sin proteger a los usuarios.
Ese entorno requiere un balance dinámico entre las necesidades económicas y financieras para el desarrollo de todas las infraestructuras requeridas para la producción, tratamiento, transporte, distribución y comercialización de cada uno de esos servicios.
Entre tanto, la Cámara expuso que, en Colombia, se observa una tendencia a separar el cuerpo técnico que asiste a las comisiones reguladoras independientes del cuerpo colegiado que toma las decisiones.
Este último está compuesto por entre tres y cuatro ministros nombrados por el presidente de la República, a los que se suman seis expertos también designados por el mismo.
“Tanto el cuerpo técnico como el cuerpo colegiado responden a una sola directriz de política económica y energética, sin que ello quiera decir que deba propenderse por la aceptación acrítica de cualquier formulación. La fortaleza técnica de las comisiones reguladoras es un activo construido a lo largo de tres décadas y no debe desecharse por razones sin fundamento técnico”, manifestó el gremio.
Y agregó que las comisiones reguladoras solo toman decisiones de acuerdo con sus reglamentos internos que han sido aprobados por el Gobierno Nacional.
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Es decir, “satanizar a dichas comisiones -porque en opinión de algunos- son ruedas sueltas que hacen su voluntad por encima del Gobierno, es desconocer la trayectoria de construcción durante 30 años de marcos regulatorios sólidos y que han promovido que cada vez muchos más colombianos tengan acceso a los servicios públicos”.
Pretender que desde el Gobierno Central se hacen las cosas mejor, para la Cámara Colombiana de la Energía, es desconocer las experiencias del siglo XX, que derivaron en un acceso lento y deficiente a esos servicios, en grandes deudas para el Gobierno Nacional y, en muchas ocasiones, tarifas exorbitantes que no reconocían la capacidad de pago de los usuarios.
“Saludamos el llamado de la SuperServicios para abrir la discusión sobre la independencia de las comisiones reguladoras y reafirmamos nuestro apoyo a mantener esta condición, que es la única que garantizará la cobertura universal, la asignación eficiente de recursos y la protección de los derechos de los usuarios”, concluyó la entidad.
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