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La calificadora de riesgo Moody’s advirtió que la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro perjudicaría a los fondos privados.
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La firma recordó que los gobiernos de Colombia y Chile radicaron los proyectos de ley antes en marzo de 2023 y en noviembre de 2022, respectivamente, para plantear cambios en los sistemas pensionales, cambios que tendrían efectos fiscales.
“Si se promulga como se anunció, ambas revisiones tendrán implicaciones negativas para las administradoras de pensiones privadas actuales, como Sura Asset Management (Suam), -la filial del Grupo Sura-, una de las administradoras de fondos de pensiones más grandes de América Latina con $ 153.0000 millones de activos bajo administración y una participación de mercado de 20 % en Chile y 38 % en Colombia, a julio y marzo 2023, respectivamente”, resaltó Moody’s.
En tal sentido, para dicha calificadora, aumenta la probabilidad de que los fondos privados puedan verse desplazados y se altere potencialmente la asignación de estos a largo plazo.
“Dado que el malestar social ha aumentado en América Latina durante los últimos cuatro años, las propuestas para cambiar los sistemas de pensiones han cobrado fuerza y plantean riesgos a las actuales administradoras de fondos privados, con efectos indirectos para la financiación a largo plazo de los bancos y los mercados de capitales en algunos países”, también mencionan en el informe.
En relación con lo anterior, hay que entender que, por ejemplo en Colombia, los fondos de pensiones son los inversores institucionales más relevantes del país y son grandes prestamistas del Estado y otras corporaciones del sector privado. Eso quiere decir que, con los recursos que custodian, compran bonos deuda del Gobierno o de las compañías, y con esos recursos que desembolsan, se hace inversión social (en el caso del gobierno) y proyectos de expansión (en el caso de las empresas). Todo a cambio de un pago posterior y unos intereses.
Moody’s señaló que “Chile y Colombia representaron el 61,6 % de los ingresos operacionales de Sura. Debido a esta concentración y dependencia de los ingresos en los productos de pensión, los cambios propuestos exponen el modelo de negocios de SUAM al riesgo regulatorio, con potencial de implicaciones negativas a su escala y rentabilidad en estos mercados”.
Vale recordar que el pasado 14 de junio, luego de dos días de discusión en la Comisión Séptima del Senado, fue aprobada la reforma pensional del Gobierno Petro, en su primer debate.
¿Qué propone la reforma en Colombia?
La reforma pensional del Ggobierno propone un sistema soportado por tres pilares: el contributivo, semicontributivo y el solidario. Con el primero, todas las cotizaciones hasta por tres salarios mínimos deben ir a Colpensiones. Con el semicontributivo, la idea es darles una renta vitalicia a quienes no cumplen con el número de semanas y con el solidario, habría un bono pensional para cerca de tres millones de adultos mayores que no cuentan con una mesada de retiro.
Según centros de pensamiento y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el principal riesgo de la reforma se encuentra en el pilar contributivo, dado que en el presente, Colpensiones recibiría los ahorros que custodian los fondos de pensión y contaría con una liquidez extra en el presente. Sin embargo, por las condiciones demográficas y de informalidad que hay en Colombia, en el futuro crecería el desbalance entre jóvenes cotizantes y pensionados, lo que implicaría que el sistema no sería autosostenible y habría que desembolsar más recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir el vacío.
También se aprobaron las condiciones del Fondo de Ahorro Público, que se creará para manejar los recursos producto del traslado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los congresistas aclararon que se blindará para evitar malos usos de los dineros.
La ministra de Trabajo, Ramírez, también confirmó que se acogió la decisión de la Corte Constitucional de reducir a 1.000 semanas la cotización de las mujeres del país, ya que se inicialmente se proponía en el texto que fuera de más tiempo.
(Vea también: La fortuna que vendieron fondos privados de pensión en junio, a pesar de reforma)
Allí quedó aprobado que el bono pensional para los adultos mayores será de $ 230.000, a pesar de que la ministra reconoció que el gobierno quería que fuera de $ 500.000; sin embargo, por la regla fiscal, no se logró ese monto. Esto será girado a través de los recursos del pilar solidario.
Uno de los puntos que más se discutió y sobre los que casi no se llega a consensos fue el régimen de transición, que finalmente quedó en 900 semanas para hombres y 750 para las mujeres. El Gobierno se había mantenido en las 1.000, pero varios congresistas reclamaron que muchos colombianos podrían quedar por fuera y por eso debía ser menor y finalmente se tuvo que ceder.
Otro artículo aprobado es el 10, que permite al empleador solicitar la pensión integral de vejez. Esto no es otra cosa que pedir a los trabajadores que siguen “atornillados” en sus cargos, que ya es hora de que den un paso al costado, para que puedan entrar nuevas personas al mercado laboral.
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