Por: CENET

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Este artículo fue curado por Leonardo Olaya   Ago 22, 2023 - 11:16 am
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La Agencia Jurídica del Estado de Colombia ha anunciado su intención de gestionar ante el Gobierno de los Estados Unidos la implementación de medidas administrativas punitivas dirigidas al Grupo Aval y Corficolombiana.

Esta acción se deriva de una directriz emitida por el presidente Gustavo Petro y es liderada por Martha Lucía Zamora, directora de la entidad.

(Vea también: Imagen de Petro se fue al piso y tocó cifra de desaprobación histórica en su Gobierno)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ha detallado que esta solicitud también ha sido formalmente presentada al canciller Álvaro Leyva.

En una entrevista con ‘Mañanas Blu’, Martha Lucía Zamora explicó que la solicitud se presentó oficialmente con el propósito de que se incorpore en un proceso sancionador en Colombia, bajo la legislación local y sus implicaciones.

Zamora destacó que la agencia está facultada para hacer esta solicitud a través de un decreto que la autoriza como agencia gubernamental relacionada con el sector de justicia.

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En este contexto, se mencionó la posibilidad de que los contratos vigentes entre el Grupo Aval, Corficolombiana y el Gobierno puedan caducar debido a la Ley 80 del 93, que establece que aquellos responsables de cometer delitos pueden enfrentar la consecuencia de la inhabilidad en sus contratos.

“Esto viene de la Ley 80 del 93 establece que las personas que hayan sido declaradas responsables en la comisión de delitos, pueden tener esas consecuencias de inhabilidad”, explicó sobre una eventual caducidad e inhabilidad en los contratos.

Mediante canales diplomáticos, se busca que el canciller solicite información acerca de las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra las mencionadas empresas.

Cabe destacar que esta acción surge después de que la Bolsa de Valores de Estados Unidos impusiera una multa millonaria al Grupo Aval y su filial por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, a raíz de una solicitud de información realizada por el presidente Gustavo Petro.

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