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El documento establece los parámetros de lo que será la nueva medición socioeconómica en el país.
Un primer punto tiene en cuenta que al DNP le toca asumir la tarea de recoger y jerarquizar la información contenida en el Registro Universal de Ingresos. Esos datos serán utilizados para el diseño, focalización, seguimiento y evaluación de los programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
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De esta manera, uno de los pasos más importantes para la eliminación de los estratos de Colombia se tomará un tiempo prudente. Dice el DNP que ese proceso de recolección de la información se dará a partir del segundo trimestre del 2026.
Explica ese proyecto de Decreto que la definición de los criterios de entrada y salida serán las entidades que manejen los programas sociales las que hagan uso de la clasificación del Registro Universal de Ingresos como criterio de focalización.
De esta manera, la eliminación de los estratos en Colombia llevará entonces que las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas transiten al Registro Universal de Ingresos “como único instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social, para lo cual deberán realizar”.
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Qué se va a revisar con la eliminación de estratos en Colombia:
- Un análisis del impacto del cambio hacia la clasificación del Registro Universal de Ingresos en la población potencialmente beneficiaria de los programas.
- La identificación de las poblaciones que serían objeto de la aplicación de la transición, y de los criterios de ingreso, permanencia y egreso con los cuales se define la transición.
- La definición de mecanismos y de plazos para la adopción del Registro Universal de Ingresos.
- La definición de los puntos de corte de acceso a los programas, según las características y normativa aplicable a cada programa o subsidio.
El proceso de eliminación de los estratos en Colombia y la puesta en marcha del nuevo marco de medición finalizará después del segundo trimestre del 2026.
“Cada entidad comunicará a la población el esquema de transición de su oferta social, a través de un acto administrativo que explique este proceso, además de la definición e implementación de una estrategia de divulgación y pedagogía que informe a los beneficiarios y potenciales beneficiarios dicho proceso”, agrega el proyecto de Decreto.
Pide finalmente el Departamento Nacional de Planeación que toda la socialización del cambio y “cada esquema de transición deberá desarrollarse dentro del periodo comprendido entre el inicio del segundo semestre de 2025 y la finalización del primer semestre de 2026”, concluye el documento.
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