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Luego de tres semanas de haberse ordenado la intervención de EPS Sanitas, a manos del gobierno Petro, el agente interventor de la entidad dio a conocer un primer reporte sobre cómo avanza el proceso y lo que sigue para resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios.
Justamente ese alto nivel de reclamaciones, según el Gobierno, fue una de las causales más importantes para llevar a cabo el proceso, que la misma EPS calificó como autoritario y contrario a la ley.
Duver Vargas, interventor de la EPS Sanitas, aseguró que se trabaja sobre las reclamaciones y la necesidad de resolverlas en el más inmediato plazo. Procesos que en su gran mayoría se están llevando a cabo en Bogotá, donde se acumula cerca del 40 % de las quejas.
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“El reto para la EPS es intervenir este aspecto y garantizar una respuesta oportuna, integral y de calidad a las necesidades en salud de los usuarios que hoy es nuestra prioridad”, dijo Vargas.
Agregó el funcionario que se vienen estructurando una serie de acciones para descongestionar el proceso que, a la fecha, supera las 19.000 quejas mensuales.
¿Qué más viene para los usuarios de EPS Sanitas?
Según Vargas, en el marco del proceso de intervención a la EPS Sanitas se ha logrado establecer que las mayores reclamaciones a manos de los usuarios llegan por la falta de agenda y fechas para citas, así como dificultades en la entrega de los medicamentos.
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Aseguró Vargas que en estos primeros 20 días se viene estructurando una serie de medidas de contención que le harán frente al aumento en los indicadores de reclamaciones reportados.
Este primer pronunciamiento se da a días de que Keralty, casa matriz que controlaba las operaciones de la EPS Sanitas, anunciara una serie de demandas en contra del gobierno del presidente Petro y la Superintendencia de Salud por lo que se consideró una medida contraría a ley y desproporcionada.
Espera la firma que, con estos recursos legales, la justicia en Colombia le regrese el control de la EPS Sanitas al grupo económico. Incluso se anunciaron medidas y recursos ante instancias internacionales para poder revertir la decisión del Gobierno.
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