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Un nuevo paquete de medidas financieras para fortalecer las actividades en el campo colombiano fue aprobado en la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario presidida por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Son cuatro decisiones que tienen como objetivo la democratización del crédito, mejorar la productividad, avanzar hacia el Hambre Cero y contribuir a que Colombia se convierta en potencia mundial de alimentos.
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La primera decisión de la Comisión otorga un 10 % adicional de subsidio a la tasa de interés para la Línea de Crédito Especial de Economía Popular, por lo que ahora será del 20 %. Con esta aprobación se busca un modelo inclusivo al sistema financiero para aquellos productores del campo que no contaban con historial financiero o no podían acceder a créditos.
“Los productores del campo tienen en la Línea de Crédito de Economía Popular una oportunidad para fortalecer sus proyectos productivos. El Gobierno del Cambio le apunta a que cada uno de ellos innove y tecnifique sus unidades para que sean competitivos generando más ingresos para dinamizar la economía”, destaco la ministra.
Bajo esta óptica, una segunda decisión beneficia a los pequeños productores de arroz del país para que avancen en el proceso de no depender de molinos para el secado del grano, sino que cuenten con su propia infraestructura que les permita ahorrar costos.
Es así como la Línea Especial de Crédito para secado y almacenamiento de granos aumentó el límite de plazo del crédito y ahora será de diez años. Además, el tiempo del periodo de gracia pasó a ser de cinco años.
En la sesión también se anunció la ampliación del monto máximo del Incentivo de Capitalización Rural, que quedó en $ 210 millones por beneficiario.
Además, para este incentivo quedaron incluidos los medianos productores que tendrán beneficios adicionales en proyectos que contribuyan a mitigar efectos de la posible ocurrencia del Fenómeno de El Niño.
Finalmente, se destaca la inclusión de los integradores para la comercialización de alimentos. Esta medida facilita el encadenamiento de los eslabones de la cadena de valor agropecuaria, garantizando de esta forma la compra de la cosecha, lo que genera condiciones favorables para los productores agropecuarios y los consumidores finales de alimentos.
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