Perro rescatado en Usme: autoridades retiran a pitbull por presunto maltrato bajo la Ley Ángel en Bogotá
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Visitar sitioEl operativo fue ejecutado bajo la Ley Ángel, aprobada en 2025 para fortalecer la protección animal.
Lazy, un perro de raza pitbull, fue retirado por las autoridades de una vivienda ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, tras comprobarse que las condiciones en las que se encontraba no eran favorables para su bienestar. De acuerdo con el Distrito, el can permanecía encerrado en una construcción improvisada, lo que motivó una denuncia ciudadana por presunta tenencia irresponsable. Ante esta alerta, profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizaron una visita y emitieron un concepto desfavorable sobre el entorno en el que se hallaba el animal.
La Policía Metropolitana de Bogotá intervino a través del procedimiento de aprehensión material preventiva, entregando a Lazy bajo custodia del Instituto referido. La medida buscó garantizar la protección del perro mientras se les realiza una valoración médica en la Unidad de Cuidado Animal, la cual permitirá determinar su estado de salud, existencia de lesiones visibles o alteraciones de comportamiento, elementos clave para establecer si hubo negligencia, abandono o maltrato. Según los datos proporcionados, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal no precisó cuánto tiempo llevaba encerrado el perro, ni si contaba con acceso constante a agua, comida o atención de sus responsables.
El caso fue tramitado en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció los procedimientos de aprehensión preventiva ante indicios de maltrato o condiciones que puedan afectar la integridad física o emocional de los animales. Esta normativa permite a la Policía retirar temporalmente a un animal sin requerir orden judicial o administrativa previa, y exige que el diagnóstico posterior sea documentado por un equipo veterinario. De acuerdo con la ley, los hechos que no deriven en lesiones graves pueden ser manejados por inspectores de Policía, mientras que aquellos que impliquen lesiones severas o muerte del animal pueden implicar intervención de la Fiscalía General de la Nación.
Respecto al futuro de Lazy, el Instituto no especificó si el animal será candidato para adopción ni detalló el destino definitivo, ya que dependerá del resultado del expediente y la valoración veterinaria. Dentro del proceso no se ha informado si existe algún capturado o sancionado, ni se identificó públicamente al responsable. Por lo tanto, serán las autoridades competentes quienes determinarán la posible devolución, decomiso definitivo o permanencia bajo tutela institucional, dependiendo de los riesgos o pruebas halladas, tal como señaló la información proporcionada por el Distrito.
La denuncia ciudadana y el uso de los canales de reporte como la Línea de Emergencias 123 y el correo del Instituto proteccionanimal@animalesbog.gov.co fueron fundamentales para ubicar a Lazy y activar la ruta de protección, mostrando la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos de los animales.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué es la aprehensión material preventiva y cómo protege a los animales maltratados en Bogotá?
La aprehensión material preventiva, de acuerdo con la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), es una figura que permite a la Policía retirar temporalmente a un animal en situaciones donde hay indicios de maltrato o afectación a su integridad, incluso sin orden judicial previa. Esto asegura que el animal reciba atención médica y se evite el riesgo de daños adicionales mientras se determina el estado real de sus cuidados y si hubo responsabilidad penal o administrativa de los dueños.
¿Cuáles son las consecuencias legales del maltrato animal según la Ley Ángel en Colombia?
Según la Ley Ángel, los casos calificados como maltrato animal pueden resultar en sanciones que varían según la gravedad: procesos verbales y medidas administrativas para condiciones leves, y, si existen lesiones graves o muerte, penas de prisión entre 20 y 56 meses y multas que van de 15 a 60 salarios mínimos mensuales. El proceso depende del diagnóstico veterinario y la investigación de las entidades competentes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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