Neuroderechos y justicia del futuro: estudiante de Valledupar gana beca internacional con visión innovadora

Santiago Contreras, estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar (UPC), ha obtenido una distinción significativa al ganar una beca en el XXVI Concurso Internacional de Semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Este logro no solo resalta su capacidad individual, sino que ilustra la importancia creciente de la convergencia entre disciplinas jurídicas y neurotecnologías, especialmente en la actual Quinta Revolución Industrial. Su ponencia, titulada Los neuroderechos en la Quinta Revolución Industrial, ofrece una reflexión avanzada sobre cómo los nuevos desarrollos tecnológicos plantean retos inéditos a los derechos humanos en la era digital.

La Quinta Revolución Industrial se caracteriza por la integración profunda entre humanos y tecnología, donde las neurotecnologías permiten la comunicación y manipulación directa del sistema nervioso. Según informes de Nature Neuroscience y el World Economic Forum, este avance plantea riesgos evidentes: desde la vulnerabilidad de la privacidad cerebral hasta la manipulación mental, el consentimiento informado y la autonomía personal. Frente a estos desafíos, surgen con fuerza los llamados neuroderechos, un conjunto de derechos enfocados en proteger la integridad mental y cognitiva de las personas, asegurando que la evolución tecnológica no comprometa libertades esenciales.

En su trabajo, Contreras fundamentó su postura en dos grandes ejes: el principio de conectividad —la progresiva fusión entre lo humano y lo artificial— y el incipiente marco internacional orientado a salvaguardar los neuroderechos. Así, su investigación se alinea con tendencias actuales como la legislación pionera chilena —que en 2021 reconoció formalmente los neuroderechos— y los esfuerzos de la UNESCO por fortalecer la ética en el campo neurotecnológico. Como subraya la evidencia internacional, establecer límites claros es una prioridad urgente ante neuronas conectadas a dispositivos y crece la necesidad de normativas adaptadas a estos escenarios disruptivos.

El concurso contó con la participación de representantes de universidades de países como Chile, Argentina, Ecuador y Colombia, incluyendo reconocidas casas de estudio como la Universidad Javeriana y el Externado. El tema central, “La Quinta Revolución Industrial y la administración de justicia”, puso de relieve cómo la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo los procesos judiciales, exigiendo análisis éticos y legales cada vez más complejos, según lo expuesto por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Ante este panorama, expertos como los del Centro para la Innovación en Derecho y Tecnología (CILTA) alertan sobre la urgencia de marcos legales robustos: aunque la automatización puede dinamizar los sistemas de justicia, es crucial evitar sesgos en los algoritmos y garantizar igualdad de acceso. El semillero de investigación “Jaime Araujo Rentería”, coordinado por el abogado Edgardo Maestre, respalda este tipo de formación rigurosa y colaborativa, facilitando que estudiantes como Contreras desarrollen propuestas innovadoras luego de un arduo proceso académico de varios meses.

A nivel local, la visibilidad obtenida por el semillero en Valledupar resalta la importancia de descentralizar el conocimiento e integrar perspectivas regionales en discusiones nacionales sobre derecho y neurotecnologías. Como ha enfatizado Contreras, superar el sesgo centralista es clave para reconocer y potenciar el talento emergente de las provincias, contribuyendo así a una comunidad jurídica y tecnológica más inclusiva.

De acuerdo con entrevistas recogidas por El Pilón, Contreras aspira a profundizar sus estudios de Derecho Procesal en instituciones líderes como el Externado de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario. Tal especialización resulta estratégica para contribuir a la justicia local e innovar en áreas que, como los neuroderechos, exigen cada vez mayor experticia multidisciplinaria.

Finalmente, la participación en este tipo de concursos y semilleros fomenta la construcción de una academia regional sólida, vinculada al debate internacional sobre justicia, derechos humanos y tecnologías emergentes. La invitación de Contreras a investigar y publicar representa una apuesta por el compromiso social y académico para la transformación positiva de la región y del país.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué son exactamente los neuroderechos y cómo pueden proteger a las personas?

Los neuroderechos constituyen una categoría reciente en el ámbito de los derechos humanos, orientados específicamente a salvaguardar la integridad mental y cognitiva ante los avances neurotecnológicos. Surgen como respuesta a los riesgos derivados de la manipulación o acceso no autorizado a la información cerebral, así como a la posible alteración de pensamientos, recuerdos o emociones a través de dispositivos. De acuerdo con la UNESCO, el reconocimiento de estos derechos busca anticiparse a potenciales abusos que podrían comprometer principios básicos de autonomía y privacidad a medida que se popularizan las tecnologías de interfaz cerebro-máquina.

En la práctica, reconocer los neuroderechos implica crear leyes y normativas que protejan el consentimiento informado, la protección de datos neuronales y la autonomía mental, estableciendo límites claros que permitan el desarrollo tecnológico sin sacrificar derechos ya reconocidos en el ámbito internacional.

¿Cuáles son los principales desafíos de la automatización judicial en América Latina?

El proceso de automatización judicial en América Latina presenta ventajas en términos de eficiencia, reducción de tiempos procesales y democratización del acceso a la justicia. Sin embargo, como advierte el CILTA, conlleva retos importantes, como la posibilidad de sesgos incrustados en los algoritmos y la necesidad de supervisión humana constante para tomar decisiones justas y adaptadas a cada caso.

Asimismo, la región enfrenta el reto adicional de generar regulaciones específicas que garanticen transparencia, fiscalización y protección de datos sensibles. Por ello, la capacitación de profesionales en derecho y tecnología, así como la colaboración interdisciplinar, resultan claves para que la digitalización no agrave desigualdades o vulnere derechos fundamentales.