Alertan por 45 portales falsos para Pico y Placa Solidario: fraude digital en trámites públicos de Bogotá

En Bogotá, la lucha contra el fraude digital en los trámites públicos se ha intensificado durante 2025, a raíz del hallazgo de aproximadamente 45 sitios web fraudulentos dedicados a la venta ilegal de permisos para el Pico y Placa Solidario. Este sistema de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) fue implementado para permitir que personas y empresas, a cambio de una contribución, puedan circular durante las horas restringidas; sin embargo, la aparición de estos portales ilegales ha puesto en jaque la seguridad y confianza ciudadana, obligando a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de prevención y control, según datos de la SDM y reportes del artículo original.

El fenómeno de los fraudes digitales en trámites como el Pico y Placa Solidario responde, en parte, al crecimiento acelerado de los servicios en línea de las entidades públicas. De acuerdo con reportes del Centro Cibernético Policial y la Fiscalía General de la Nación, el auge de las plataformas digitales ha sido aprovechado por delincuentes que se valen del desconocimiento tecnológico y la urgencia de los usuarios, impulsando una oleada de estafas que pone en peligro la información personal y financiera de miles de ciudadanos en la capital colombiana.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado que el único canal válido para gestionar el permiso es el portal institucional que termina en “.gov.co”, distintivo de sitios oficiales del gobierno y garantía internacional de autenticidad y respaldo estatal, según lo establece el artículo original. Además, recalca que ningún trámite requiere intermediarios, pagos a través de billeteras virtuales privadas, o respuesta a mensajes o llamadas sospechosas, siendo estas prácticas características de estafas frecuentes.

No obstante, la problemática excede lo local. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que en América Latina, la digitalización de los servicios públicos ha venido acompañada de una sofisticación en los métodos de fraude digital, afectando especialmente a quienes tienen menos acceso a educación digital y a recursos tecnológicos. Esta tendencia obliga a entidades y gobiernos a fortalecer no solo los sistemas tecnológicos, sino también la formación ciudadana para reconocer y denunciar estos delitos.

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, expertos consultados por El Tiempo destacan que la falta de campañas informativas y la escasa alfabetización digital son factores críticos que aumentan la vulnerabilidad de los usuarios frente a los fraudes. Recomiendan reforzar la comunicación clara de los canales oficiales y ofrecer recursos de validación para que los ciudadanos aprendan a reconocer cuándo un portal es realmente gubernamental.

El trámite oficial para el Pico y Placa Solidario permite consultar requisitos, simular costos, registrar solicitudes y efectuar pagos de forma directa y segura en la página de la SDM, sin intermediarios. Además, la entidad ofrece soporte técnico y seguimiento personalizado, lo que disminuye tanto las posibilidades de corrupción como los riesgos de pérdida de información sensible.

En caso de ser víctima de fraude, la SDM aconseja reportar el incidente a través del CAI Virtual de la Policía Nacional y formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, así como alertar a la misma Secretaría para que se tomen medidas preventivas. Estos delitos se investigan bajo la categoría de delitos informáticos, y los responsables enfrentan sanciones judiciales severas, conforme a la legislación vigente.

Por otro lado, el periodismo de investigación, apoyado en el análisis de datos y tecnología, cumple un papel fundamental para desarticular estas redes delictivas. Centros temáticos como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) han logrado advertir, a partir de fuentes confiables y el uso de datos abiertos, sobre la magnitud y el impacto de estos fraudes en Latinoamérica, contribuyendo así a mejorar la rendición de cuentas y a proteger el interés público.

En definitiva, la experiencia de Bogotá revela la importancia de crear una cultura digital de vigilancia social y gubernamental, en la que la ciudadanía sea capaz de identificar y reportar irregularidades, al tiempo que las entidades fortalezcan los mecanismos de control, educación tecnológica y transparencia institucional. Solo así será posible enfrentar los desafíos que implica la progresiva digitalización de los servicios públicos en Colombia y la región.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el CAI Virtual de la Policía Nacional y cuál es su función en la denuncia de delitos digitales?

El CAI Virtual de la Policía Nacional es una plataforma oficial diseñada para la atención y recepción de denuncias de delitos informáticos y fraudes digitales. Su función principal es brindar un canal seguro y directo para que cualquier ciudadano reporte hechos relacionados con suplantación de sitios web, estafas en trámites o delitos cibernéticos, garantizando confidencialidad y acompañamiento durante el proceso de investigación. El uso de este canal es esencial para que las autoridades recopilen evidencia digital y actúen con rapidez ante las denuncias.

Dada la progresiva sofisticación de los delitos informáticos, la existencia de una herramienta como el CAI Virtual resulta fundamental para centralizar reportes y coordinar acciones entre la Policía, la Fiscalía y las entidades afectadas, contribuyendo así a la prevención, rastreo y sanción de los actores detrás de los fraudes digitales en Colombia.

¿Cuáles son las consecuencias legales para quienes cometen fraude en trámites digitales en Colombia?

La legislación colombiana contempla sanciones severas para quienes incurran en delitos informáticos como la suplantación de identidad institucional, el fraude electrónico y el acceso abusivo a sistemas informáticos. Las penas pueden incluir prisión y multas, dependiendo de la gravedad y el alcance del daño causado, según lineamientos de la Fiscalía General de la Nación. Estas medidas buscan desalentar la proliferación de estafas y el uso malicioso de datos personales en el entorno digital.

Es importante que la ciudadanía comprenda tanto la gravedad de estos delitos como la necesidad de denunciar cualquier irregularidad, ya que solo a través de la judicialización sistemática de los responsables se logrará mantener la confianza en los procesos digitales y proteger la seguridad de los usuarios frente a nuevas modalidades de fraude.