¿Acceso a Internet como derecho? Así funcionaría el “Internet Solidario” que propone subsidiar la conectividad en Colombia

El ministro colombiano Julián Molina ha presentado ante el Congreso el proyecto de ley denominado “Internet Solidario”, una iniciativa que pretende reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental y convertir el servicio fijo en un servicio público domiciliario. La propuesta, de acuerdo con lo expuesto por Molina y fuentes oficiales, busca instaurar un sistema de solidaridad digital: aquellos hogares clasificados en los estratos socioeconómicos 5 y 6, junto con grandes empresas, aportarán un recargo adicional del 30 % en sus facturas de Internet. Los recursos recaudados se destinarán a subsidiar la conectividad de los sectores más vulnerables del país, enfrentando de manera directa la exclusión digital.

Este esfuerzo se fundamenta en el hecho de que, según cifras citadas por el propio ministro y sustentadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la “pobreza de Internet” en Colombia afecta al 22 % de la población. El impacto económico de esta brecha se hace visible en que los hogares más pobres deben dedicar hasta el 30 % de sus ingresos familiares al pago del servicio de Internet, reduciendo drásticamente sus posibilidades de acceder a la educación, el empleo y servicios de salud en línea, elementos clave en la era digital actual.

El articulado contempla beneficios específicos para quienes más lo necesitan: los hogares de estrato 1 que estén registrados en el Sisbén A y cuenten con estudiantes activos podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % en su factura mensual. Asimismo, se prevé una tarifa especial para nuevos usuarios de condiciones vulnerables, establecida en $35.000 pesos mensuales, lo que apunta a democratizar el acceso y evitar que la capacidad de pago sea una barrera insalvable. El proyecto se suma a estrategias lideradas por el Ministerio TIC y a programas sociales que buscan la inclusión y alfabetización digital, continuando la senda de políticas públicas orientadas a la reducción de la desigualdad.

Contextualizando internacionalmente, modelos de financiamiento solidario y reconocimiento del acceso a Internet como derecho social no son exclusivos de Colombia. Experiencias en Francia y España, reportadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), demuestran que este tipo de esquemas han permitido reducir la brecha mediante subsidios cruzados y tarifas diferenciadas. En América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay tendencias similares emergiendo en Brasil y Chile, motivadas especialmente por las desigualdades expuestas durante la pandemia.

La importancia de cerrar la brecha digital ha sido subrayada por organismos internacionales como la UNESCO, que advierte sobre el peligro de profundizar las desigualdades educativas debido a la falta de conectividad, especialmente cuando la educación remota o híbrida requiere acceso a Internet estable y asequible. El Banco Mundial también enfatiza que una mayor conectividad es motor de inclusión financiera y crecimiento económico, con el potencial de incrementar hasta en un 10 % los ingresos de hogares rurales y marginados.

Aun así, la implementación del “Internet Solidario” significará superar retos técnicos y regulatorios. La CRC deberá vigilar que la aplicación de subsidios y tarifas diferenciadas no genere distorsiones en el mercado y que los servicios subsidiados mantengan estándares mínimos de calidad. El diseño efectivo de planes de acceso, particularmente para zonas rurales o apartadas, demandará diagnóstico continuo sobre capacidades de infraestructura y necesidades locales, según coinciden analistas del sector de telecomunicaciones entrevistados en 2024.

Expertos remarcan que la estrategia podría ser un hito para la universalización de la conectividad en Colombia, si se combina con inversiones sostenidas en infraestructura y proyectos de formación digital. Así, más hogares vulnerables podrían beneficiarse realmente de la digitalización, accediendo a oportunidades educativas, económicas y de participación ciudadana hasta ahora limitadas.

En resumen, la propuesta “Internet Solidario” representa un avance crucial para la agenda digital colombiana, posicionando la conectividad como un derecho esencial y adoptando principios de equidad y solidaridad. El éxito de la medida dependerá de la coordinación entre actores públicos, privados y sociales, dentro de una tendencia global que reconoce la conectividad como pilar de la igualdad y el desarrollo sostenible.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el Sisbén y cómo se relaciona con el subsidio a Internet?

El Sisbén, o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es una herramienta oficial en Colombia que clasifica a las personas y familias según sus condiciones socioeconómicas. Su objetivo es focalizar los subsidios y apoyos del Estado en quienes más lo necesitan, maximizando el impacto de la inversión pública y reduciendo errores de asignación.

En el caso del proyecto “Internet Solidario”, la pertenencia al grupo Sisbén A es uno de los requisitos para obtener el subsidio máximo en la factura de Internet. Así, se garantiza que el beneficio se dirija especialmente a los hogares en condición de pobreza extrema y con estudiantes activos, asegurando que la ayuda efectiva llegue a quienes enfrentan mayores barreras de acceso digital.

¿Por qué es importante considerar la velocidad mínima de Internet en los planes subsidiados?

La velocidad mínima de Internet determina la capacidad de los hogares para acceder de manera eficiente a servicios esenciales como educación virtual, telemedicina, trámites en línea y empleo remoto. Un plan subsidiado sin una velocidad adecuada podría perpetuar la desigualdad digital y limitar el aprovechamiento de la conectividad, incluso para quienes ya reciben apoyo económico.

El diseño de los planes subsidiados dentro del “Internet Solidario” deberá tener en cuenta este factor técnico. Garantizar una velocidad mínima razonable será crucial para que los beneficiarios usen plenamente las herramientas digitales necesarias para su desarrollo, evitando que la brecha digital persista por motivos cualitativos y no solo económicos.