Paz territorial se consolida con garantía de derechos, no con militares extranjeros

El pasado 1 de junio aterrizó en Bogotá un grupo de 53 militares de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Comando Sur de EE. UU.

Es la primera vez que se despliega esta brigada élite en América Latina.

Según lo informó la Embajada de Estados Unidos, su presencia hace parte del compromiso de Estados unidos y Colombia (…) contra el narcotráfico el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos.

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el pasado 3 de junio en sesión plenaria del Senado de la República, manifestó que durante su permanencia en Colombia estas fuerzas realizarán tareas de asistencia, entrenamiento y asesoría y no participarían en operaciones militares.

Lo cierto es que esta Brigada norteamericana está compuesta por un grupo selecto de oficiales y suboficiales de unidades del Ejercito de Estados Unidos que hacen parte de un cuerpo elite. Son expertos en operaciones militares y permanecerán en el país durante 4 meses en las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) llamadas “Zonas Futuro” por el Gobierno Duque. Este grupo élite de infantería estará repartido en varios grupos que se trasladarán a Tumaco (Nariño) donde opera la Fuerza de Tarea conjunta Hércules; Tibú (Norte de Santander) donde se encuentra la fuerza de Tarea Vulcano que concentra operaciones en la región del Catatumbo; La Macarena (Meta) donde hace presencia la fuerza de Tarea Omega y otro grupo se instalará en la ciudad de Bogotá.

Las Zonas Futuro, donde operará el grupo élite norteamericano, son zonas altamente militarizadas, abarcan por lo menos 44 municipios y veredas de los 116 donde se implementarían los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET),  programas que, tenemos que recordar, tienen el propósito de impulsar el desarrollo rural, la economía campesina  y otras formas de economía propia, la integración de las poblaciones más afectadas por el conflicto y avanzar en un escenario de reconciliación y reparación con la participación efectiva de sus pobladores y organizaciones, tal y como lo establece el Acuerdo Final  de Paz.

Sin embargo, la política de seguridad y defensa del Gobierno de Iván Duque,  en un claro incumplimiento al Acuerdo de Paz y a las comunidades, insiste en reforzar una estrategia de militarización a los territorios, ahora reforzada con la presencia militar estadounidense, que otorga amplios poderes a las fuerzas militares, por encima de las autoridades civiles, y bajo el discurso de “protección a la población”, lo que ha convertido estas zonas en teatros de operaciones con planes de seguridad, donde prima el enfoque de guerra,  la erradicación forzada y el tratamiento de delincuentes a los pequeños productores en su mayoría campesinos, mujeres, indígenas, afros y jornaleros, lo que va profundizar la vulneración de derechos humanos y hacer cada vez más lejanos los anhelos de paz territorial entendida como la garantía, goce y ejercicio de derechos de la población históricamente abandonada por los gobiernos de turno.

Es precisamente en estas zonas donde se ha incrementado el asesinato de líderes sociales, y la represión violenta contra comunidades campesinas que sobreviven del cultivo de hoja de coca, a lo que se suma el incumplimiento de los programas de sustitución de los cultivos de uso ilícito, y la pérdida de vidas humanas en los procesos de erradicación forzada. Los ataques sistemáticos no cesan en estos tiempos de aislamiento por el COVID-19 donde han sido asesinados por lo menos cuatro líderes sociales pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas asociados a estos procesos de sustitución de estos cultivos.

La pregunta que nos hacemos como ciudadanas y ciudadanos es ¿Por qué en zonas altamente militarizadas se fortalecen estructuras armadas ilegales, se aumenta el negocio del narcotráfico y se asesinan a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos?

A lo anterior se suma el desconocimiento y vulneración al equilibrio de poderes que diferencia una democracia del autoritarismo, y que en nuestra Carta constitucional se refleja en la separación de poderes que significa que los órganos del Estado deben limitarse y frenarse entre sí para evitar la concentración de poder en un solo órgano.

Para el caso del tránsito de tropas extranjeras, le impone al Senado de Colombia la función de (..) “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la Republica” (Art 173 No. 4) o, en caso de no estar sesionando, la autorización debe darla el Consejo de Estado (Art 237 No. 3). Sin embargo, el Presidente Duque desconoció la Constitución política, vulneró la ley e irrespetó las funciones otorgadas al Senado y Consejo de Estado. Esto motivó que el 11 de junio un grupo de 25 senadores y senadoras radicaron una acción de tutela para que se les restaure su derecho a la participación y competencia obstruida, y se deje sin efecto la decisión del pasado 27 de mayo que autorizó el tránsito y permanencia de una brigada militar de los Estados Unidos en el territorio nacional.

Esperamos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falle en derecho. No podemos aceptar que bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” se sigan tolerando respuestas militares y el aumento de la securitización que resulta ineficaz frente a esta problemática transnacional y que, por el contrario, ha recrudecido la violencia interna que hoy amenaza con extenderse a los países vecinos. 

Nuestra apuesta como sociedad civil debe estar orientada a la movilización social para demandar el cumplimiento integral del Acuerdo de paz y por una cooperación internacional que se fundamente en el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.

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