Economía
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Con la premisa de la lucha ideal por la justicia, las objeciones a la JEP pretenden seducir al colombiano en una discusión en el que se ausentan víctimas.
Y pueden terminar revictimizadas por quienes han suplantado su voz para exigir venganza como bandera política, ignorando que las víctimas desean como justicia más que cárcel, la dignidad de conocer al menos la verdad.
Ese es el mensaje que pretenden obviar las vallas del Centro Democrático en Antioquia cuando preguntan de qué lado están los ciudadanos, si de las víctimas o de los víctimarios, en una lectura maniquea de buenos y malos y de justos contra infieles que no se compadece de la realidad inoperante de la justicia colombiana.
Si bien es razonable y necesario que la sociedad en su conjunto reclame una mayor sanción contra el abuso a menores, el componente de violencia sexual en la justicia ordinaria alcanza una impunidad de más del 90%.
De acuerdo con Dejusticia: “las sanciones previstas en el sistema penal ordinario (Ley 599 de 2000) no se gradúan según el nivel de verdad que ofrezca la persona y, por ende, no existen estímulos para que la verdad sobre lo sucedido sea revelada, y así se hagan efectivos los derechos de las víctimas.”
Llama la atención que la cifra de impunidad no cause alarma y sí la posibilidad de llevar a juicio a los culpables con penas inferiores a las de la justicia ordinaria -60 años- o hasta de 20 años en la JEP si no cuentan toda la verdad, que es lo que reclaman las víctimas.
La justicia existe cuando finalmente opera y no cuando se consigna en las leyes como letra muerta; también es cierto que el castigo no repara a las víctimas y por eso el populismo punitivo de los moralistas promueve la falsa ilusión de hacer creer que penas más altas logran disuadir la comisión del crimen y una justicia efectiva cuando la realidad resulta totalmente diferente.
Lo mejor es enemigo de lo bueno y de lo “justo” -en países con aparatos de justicia inoperantes e impunes-, y la fórmula si se quiere pragmática, de estimular al culpable con menos años a cambio de contar la verdad, puede funcionar pero solo lo sabremos si dejamos operar a la JEP.
La versión de la justicia como venganza institucional que parte del razonable argumento del riesgo moral para evitar la repetición, debe sopesar los intereses de las víctimas que hoy reclaman reconocimiento y la dignidad de conocer al menos la verdad como primer asomo a la reparación.
El ingenuo supermán de la justicia se engaña a sí mismo y a los demás al pretender quedarse con la indignación moral de hacer justicia izando la bandera del deber ser.
Por el contrario y sin desearlo puede estar promoviendo la impunidad que traería no aplicar ni justicia ni conocer la verdad; esa que reclaman las víctimas y que valga la pena recordar, fueron quienes sí padecieron los peores abusos de la guerra y están invisibilizadas en esta discusión.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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