Iglesias, dineros ilegales y perdón

El escándalo de Jenny Ambuila con sus marcas costosas y cuyo padre además de funcionario de la Dian hacía aportes a una iglesia cristiana, prende las alarmas.

Porque lo de la Dian no es nuevo, en 2014 el propio director de la Dian -Juan Ricardo Ortega- cuyo padre como gerente del Banco de la República firmó por años los billetes que usamos los colombianos, fue amenazado por intentar ponerle tajo al crimen organizado que utilizaban las oficinas de aduanas y que ofreció hasta 3 millones de dólares por su cabeza.

Para evitar convertirse en mártir o en uno de esos prohombres que ilustran los billetes por estar muertos, renunció a la Dian y se refugió en Washington huyendo de este país con instituciones débiles y legislación tributaria hecha a dedo de los grupos de interés, que le ha abierto la puerta también a los que podrían abusar de las actividades “sin ánimo de lucro” como iglesias y fundaciones.

La misma Ocde y el Banco Mundial han advertido el riesgo del lavado de activos que traen las normas laxas y los regímenes especiales, lo que siembra desconfianza y afecta injustamente a las organizaciones que sí ejercen labores sociales y de promoción no rentable de cualquier fe, que son protegidos por la Constitución.

Buscando su depuración y mantener las exenciones a quienes sí las necesitan, el Régimen Tributario Especial producto de la Reforma Tributaria de 2016, les estableció la obligación de reportar toda su información financiera.

Y hubo sorpresas. De las 193.070 entidades registradas hasta 2017 con actividades sin ánimo de lucro, solo el 23.67% (45.711) entregó información, un 13.13% (26.904) aportó documentación para permanecer en el régimen especial; el 11.39% (22.000) no presentó actividades que ameritaran exenciones, un 8% (15.515) se cambió voluntariamente de régimen y el 1% (2.283) renunció a los beneficios.

Respecto a las iglesias, un artículo de Portafolio de 2018 titulado ¿Cuánto recibiría el país si las iglesias pagaran impuestos? señaló que según la dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, existen 7.264 iglesias en el país y en 2017 se registraron dos por día; su patrimonio bruto fue de $14.4 billones, el líquido de $13 billones y sus ingresos alcanzaron la suma de $5.4 billones. ¿Ese es el mismo valor de los diezmos, aportes y limosnas?

En 2015 la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones de presuntos vínculos de iglesias cristianas con la delincuencia organizada en Antioquia y el Chocó y alcanzó a capturar a algunos pastores.

Para finales de 2018 la Fiscalía adelantaba un proceso en etapa de indagación iniciado desde 2004 a la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional para confirmar o desvirtuar la existencia de punibles como lavado de activos y/o enriquecimiento ilícito.

En 2016, El Espectador publicó un informe titulado “Iglesias, libres de impuestos, pero activas en política“ donde llamó la atención del crecimiento de las iglesias y su marcada participación política como la que demostraron en el plebiscito de la paz.

Y si se tiene presente que la contratación pública ha sido utilizada también para el blanqueo de dinero, la obtención de poder político podría ser parte de un camino donde la absolución de los pecados y la conversión de fe a cambio de dinero genera una legitimidad con fuero divino que dificulta el accionar de las autoridades.

O hay un boom religioso siguiendo la nueva era, o las normas estimulan la constitución de iglesias para evadir impuestos, lo que sería aprovechado para que organizaciones delincuenciales utilicen a las que se dicen “sin ánimo de lucro”, para lavar dinero, cosa que pudo ocurrir abiertamente hasta cuando se les empezó a requerir información contable en 2017 y que tampoco evita que la práctica se adapte y ocupe otros vacíos legales.

Si a eso se suma la conquista del poder político, la participación de muchos religiosos en política cuyo ascenso se ha valido de presuntos recursos ilegales, constituiría una abierta competencia desleal frente al resto de ciudadanos, que abusaría del derecho a la libertad de cultos con fines mundanos para cautivar feligreses y electores y obtener votos y posición política, que es donde se dice se protegen los grandes negocios.

El estado y la sociedad colombiana no pueden permitir que líderes envestidos de fuero religioso utilicen el principio de pecar, rezar y perdonar y lo desfiguren en donar, lavar, legislar y contratar como un gran negocio vestido con alas de ángel y en el nombre de Dios.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.