Gustavo Petro ordena acelerar traslado de grupos armados a Zonas de Ubicación Temporal en medio de cuestionamientos en Colombia

A solo tres meses de terminar su mandato y en medio de la campaña electoral, el presidente Gustavo Petro fue blanco de cuestionamientos por su orden de acelerar la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes. La controversia estalló después de una reunión el 13 de mayo en Bogotá, donde Petro, el comisionado de Paz Otty Patiño y los principales coordinadores de las mesas de “paz total” evaluaron los procesos en curso. En el comunicado oficial se consignó la decisión de “avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT”, ubicadas en territorios priorizados.

El primer traslado será de 100 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), conformada por disidentes de la Segunda Marquetalia. Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con este grupo, el proceso iniciará a finales de mayo en el área rural de Valle del Guamuez, Putumayo, municipio dedicado principalmente a la agricultura y el comercio binacional. Novoa señaló que las adecuaciones de las ZUT siguen el modelo de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), caseríos utilizados para la desmovilización de las Farc tras el Acuerdo de Paz de 2016.

Estas zonas temporales contarán con viviendas, espacios sociales y adaptaciones para familias y niños, tal como ocurrió con los ETCR, que evolucionaron incluso hasta convertirse en vecindarios permanentes en algunos casos. En las ZUT, los combatientes ingresarán vestidos de civil y sin armas, las cuales serán entregadas a una entidad de verificación como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). La vigencia inicial de estas zonas será de diez meses, prorrogables según el próximo gobierno.

La experiencia se replicará con el Clan del Golfo. Su asesor jurídico, Ricardo Giraldo, explicó que este sería un “programa piloto” para evaluar ofertas institucionales a los combatientes, aunque la fiscalía negó la suspensión de 29 órdenes de captura solicitadas, pues algunos implicados enfrentan procesos en tribunales de Estados Unidos. Pese a la oposición jurídica y la proximidad electoral, el gobierno avanzó en la organización de estas concentraciones.

La memoria colectiva recuerda con recelo la zona de distensión de San Vicente del Caguán, donde la concentración guerrillera sin control estatal derivó en aumento de delitos y abusos. Por ello, el gobierno actual aseguró que en las ZUT no habrá despeje militar, ni presencia de extraditables ni uso de uniforme o armas por parte de los combatientes. Sin embargo, persisten las dudas sobre los fines de este proceso, sobre todo ante la cercanía de las elecciones y la falta de un marco legal robusto para una eventual desmovilización, según analistas citados por El Colombiano.

¿Qué diferencias existen entre las ZUT y los antiguos ETCR del Acuerdo de Paz de 2016?

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) se inspiran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) utilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc, ambos consisten en asentamientos temporales donde los excombatientes y sus familias pueden iniciar procesos de reincorporación. Sin embargo, las ZUT serán implementadas con grupos armados que, según expertos, carecen de estatus político, y en este caso, no habrá despeje militar, no se permitirá el porte de armas ni la permanencia de extraditables, medidas adoptadas para evitar problemáticas pasadas como las ocurridas en la zona de distensión de El Caguán.

¿Por qué la Fiscalía rechazó la suspensión de órdenes de captura para miembros del Clan del Golfo?

La Fiscalía se rehusó a suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo, argumentando carencia de información suficiente sobre los solicitantes y la necesidad de respeto por acuerdos internacionales, ya que parte de los implicados son requeridos por tribunales de Estados Unidos. Esta decisión, apoyada por la Corte Suprema de Justicia, pone de manifiesto los vacíos legales y administrativos que dificultan la transición de combatientes a la legalidad bajo el actual proceso de “paz total”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.