Tragedia en Armenia: la muerte de don José Gilberto revela la crisis de seguridad para adultos mayores en las calles

La muerte de don José Gilberto, ocurrida tras ser atropellado por una motocicleta el pasado primero de agosto en el barrio San José de Armenia, Quindío, trasciende la planificación y destaca una problemática extendida en muchas ciudades colombianas: la vulnerabilidad de los adultos mayores ante los siniestros viales y la eficacia de la respuesta institucional al respecto. El caso, reportado por Crónica del Quindío, pone en primer plano los factores estructurales que inciden en la seguridad de los peatones y la recurrencia de accidentes similares que, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Colombia, afectan de manera desproporcionada a las personas de edad avanzada.

De acuerdo con el informe 2023 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los adultos mayores integran uno de los grupos más expuestos a accidentes de tránsito fatales, conformando un 15% de las víctimas mortales de este tipo de siniestros. Las causas de esta vulnerabilidad se encuentran tanto en factores fisiológicos —como la disminución de los reflejos y la movilidad— como en la deficiente infraestructura urbana, que pocas veces es diseñada teniendo en cuenta las necesidades específicas de esta población. Escenarios como cruces peligrosos, mala señalización y ausencia de dispositivos para reducir la velocidad de los vehículos, se combinan con la fragilidad física de los mayores, generando un entorno de alto riesgo.

A esta situación se suma un fenómeno creciente: el incremento de la accidentalidad vial en zonas urbanas, particularmente asociada al uso de motocicletas. Según la Secretaría de Movilidad de Armenia, en 2024 se registró un aumento del 12% en accidentes que involucran motociclistas en estas áreas, un escenario que responde en buena medida al débil control del respeto a los límites de velocidad, la limitada fiscalización, y la falta de estrategias sistemáticas de educación vial orientadas tanto a conductores como a peatones. El hecho de que el involucrado en el accidente viajara a alta velocidad refleja una tendencia preocupante que escapa en muchas ocasiones a la vigilancia rutinaria.

El manejo de la emergencia tras el atropello de don José Gilberto también revela otro ángulo crítico: la complejidad del tratamiento médico en adultos mayores afectados por accidentes viales. Aunque recibió pronta asistencia de los organismos de socorro y fue trasladado a la clínica La Sagrada Familia, la velocidad en la intervención médica no fue suficiente frente a la gravedad de sus lesiones. Un estudio de la Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología subraya que la recuperación de personas de edad avanzada es especialmente complicada debido a su menor capacidad regenerativa y la coexistencia de enfermedades, lo que genera tasas elevadas de mortalidad post accidente. Este hecho resalta la urgencia de optimizar los protocolos hospitalarios y garantizar una atención integral y diferenciada para este grupo de pacientes.

Tras su fallecimiento, la reacción institucional incluyó la intervención de la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, encargado de practicar la necropsia. Si bien la diligencia inicial es fundamental, existen cuestionamientos sobre la celeridad y profundidad de las investigaciones y la aplicación de la justicia en estos casos. El informe de la Fiscalía General de la Nación de 2023 revela que apenas el 35% de los siniestros viales con víctimas fatales llegan a una sanción efectiva, cifra que evidencia una preocupante tasa de impunidad y la persistencia de prácticas que favorecen la reincidencia de hechos trágicos.

Vista en un plano más amplio, la historia personal de don José Gilberto, quien había migrado desde el Valle del Cauca en busca de mejores oportunidades, ilustra la situación de muchos adultos mayores que se ven obligados a adaptarse a entornos urbanos poco seguros. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha registrado que esta migración interna sostiene la necesidad de políticas públicas más inclusivas, diseñadas para garantizar la protección de los adultos mayores y el acceso a servicios urbanos adecuados, desde infraestructura peatonal hasta sistemas de vigilancia y soporte social.

En definitiva, la tragedia de Armenia debería interpelar a las autoridades, los profesionales de la salud y la sociedad en general para exigir una respuesta más contundente. Se requiere reforzar la prevención vial, optimizar la atención a víctimas y, sobre todo, promover una transformación profunda en la forma en que los espacios urbanos y los sistemas institucionales abordan la protección de sus ciudadanos más vulnerables. Solo una combinación de políticas públicas sostenidas, fortalecimiento institucional y periodismo comprometido garantizará que las historias como la de don José Gilberto no sean simplemente un número más en las estadísticas oficiales.

La preocupación por el alto porcentaje de adultos mayores afectados en accidentes de tránsito pone en relieve la urgencia de reformar la infraestructura urbana. Los lectores podrían preguntarse qué medidas específicas—como la implementación de pasos peatonales elevados, semáforos con temporizador, mejor iluminación o zonas de velocidad reducida—pueden ser efectivas para proteger a los peatones mayores. Analizar ejemplos exitosos de otras ciudades o sugerir adaptaciones urbanas que consideren las limitaciones de movilidad y reflejos de este grupo ayuda a contextualizar la importancia de rediseñar los espacios públicos con enfoque incluyente.

Esta pregunta es relevante porque la toma de decisiones basada en la evidencia puede guiar a las autoridades locales y nacionales en la aplicación de intervenciones que demuestren eficacia, permitiendo además que la sociedad participe activamente en la promoción de su seguridad. Comprender el impacto de estas medidas facilita el diálogo entre ciudadanía y administración, impulsando una cultura vial más solidaria y consciente de las diferencias generacionales.

El hecho de que solo un 35% de los procesos por siniestros viales mortales culmine en sanciones efectivas, según la Fiscalía General de la Nación, revela la existencia de barreras significativas dentro del sistema judicial colombiano. Surge así la inquietud sobre cuáles son los principales obstáculos—falta de pruebas, lentitud en el procedimiento, carencia de recursos investigativos, corrupción, o falta de seguimiento—que impiden una mayor eficacia en la aplicación de justicia.

Esta pregunta adquiere pertinencia en un contexto en el que la percepción de impunidad alimenta la reincidencia y resta confianza ciudadana en las instituciones. Indagar sobre las causas estructurales y posibles soluciones a estas barreras puede abrir el debate hacia reformas institucionales y legales, enfatizando la importancia de un sistema más robusto y transparente en la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.