Crimen en Pereira reaviva la guerra por el microtráfico: ¿Quién controla las calles tras el asesinato de "Porky"?

El asesinato de Andrés Vargas Vargas, conocido como alias Porky, ocurrido el 19 de agosto en el barrio Antonio Cañarte de Pereira, destapó una vez más la compleja trama de violencia asociada al control del microtráfico en esta ciudad del eje cafetero colombiano. Vargas, de 38 años, tenía antecedentes documentados por tráfico de estupefacientes y hurto calificado; había sido capturado en febrero de 2025 tras un operativo de allanamiento, aunque posteriormente fue liberado por decisión judicial, según confirmó la prensa local. En el mismo atentado resultó herido Geovanny Duque Arango, quien debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Las primeras indagaciones, citadas por reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señalan como responsable a la estructura criminal Cordillera, una organización con arraigo tanto en Pereira como en Medellín. De acuerdo con las mismas fuentes, la orden de ataque habría provenido de alias Juangui, cabecilla de la agrupación. El modus operandi empleado —un ataque sicarial con disparos certeros en la cabeza— evidencia el nivel de violencia desatada por estas bandas para consolidar plazas y eliminar rivales sin dejar dudas sobre su “control” territorial.

Este homicidio suma una cifra preocupante en el balance de violencia de Pereira, donde ya se han contado 155 asesinatos durante 2025. Indepaz advierte que este repunte obedece al accionar de bandas dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos, factores que han generado una sensación generalizada de inseguridad entre la ciudadanía. Un aspecto importante es la movilidad criminal: tras la desmovilización de antiguas guerrillas como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), estudios como los de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) identifican una pulverización de los grupos ilegales y una competencia violenta por los mercados ilícitos.

La policía anunció la captura en flagrancia de Sebastián Echeverry Martínez, de 19 años, como presunto responsable directo del ataque. Especialistas consultados por la Secretaría de Seguridad Municipal y citados en entrevistas recientes, señalan que este patrón criminal, donde jóvenes son reclutados y usados como sicarios, refleja desafíos estructurales ligados a pobreza, fragmentación familiar y falta de oportunidades educativas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha recalcado en sus informes las condiciones de vulnerabilidad que empujan a los adolescentes a integrarse a redes delictivas.

La Cordillera ha cimentado su reputación como una de las organizaciones más dinámicas en el occidente colombiano, articulando redes urbanas y rurales para la distribución de clorhidrato de cocaína y otros estupefacientes, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia. El conflicto por estas rentas ilegales ha derivado en enfrentamientos cada vez más sofisticados y violentos, en línea con las tendencias globales de sicariato asociadas al narcotráfico, documentadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La persistencia de la violencia ilustra las limitaciones de la respuesta estatal, que ha privilegiado la acción represiva pero aún carece de estrategias sólidas y sostenidas de prevención y fortalecimiento institucional en los barrios más afectados. Como han señalado tanto Indepaz como la FIP, la solución exige mirar no solo al fenómeno criminal, sino también a las causas de exclusión social y falta de oportunidades que alimentan las filas de las bandas y perpetúan el ciclo de violencia.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el microtráfico y cómo afecta a las ciudades colombianas?

El microtráfico es la venta y distribución de drogas ilegales en pequeñas cantidades directamente al consumidor, generalmente en entornos urbanos. Este fenómeno ha proliferado en Colombia tras la fragmentación de grandes carteles y la aparición de bandas locales que compiten por el control de territorios y consumidores. En ciudades como Pereira, el microtráfico se asocia directamente con la violencia, ya que la disputa por las plazas de distribución deriva en homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, complicando la labor de la policía y degradando el tejido social urbano.

La expansión del microtráfico implica no solo un problema judicial, sino un desafío para la convivencia, la salud pública y el bienestar comunitario. La población civil, especialmente jóvenes y niños, queda expuesta tanto a la violencia directa como a los impactos indirectos derivados del estigma social, la deserción escolar y la disminución de oportunidades laborales, factores resaltados por instituciones como el ICBF en sus reportes de 2024.

¿Por qué la desmovilización de las FARC y ELN contribuyó a la fragmentación criminal?

La desmovilización de las FARC y el ELN permitió la firma de acuerdos de paz y la salida de combatientes de la ilegalidad, pero dejó un vacío de poder en algunas regiones de Colombia donde estas organizaciones ejercían control. Según la Fundación Ideas para la Paz, este espacio fue rápidamente disputado por nuevas bandas y antiguas estructuras criminales, lo que contribuyó a una “pulverización” del control territorial: múltiples actores se disputan ahora el dominio de rentas ilícitas, como el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión.

Este fenómeno ha resultado en una escalada de violencia focalizada en municipios y ciudades, pues la competencia entre bandas eleva el riesgo de homicidios, desplazamientos internos y reclutamiento de jóvenes, desbordando muchas veces la capacidad de respuesta del Estado e incrementando la inseguridad en poblaciones urbanas y rurales.