Candidatos en el Cauca desafían violencia armada y confían en la guardia indígena para proteger la democracia

En el departamento del Cauca, al norte de Colombia, las campañas políticas se desarrollan bajo el constante acecho de actores armados. Así lo describió a la agencia de noticias EFE Claudia Liliana Ruiz, candidata campesina, quien relató cómo fue interceptada en una zona rural por un grupo armado que le prohibió transitar por esos territorios. Ruiz pretende representar a la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto interno, y narró que solo la intervención de la guardia indígena, un mecanismo de protección comunitario, le permitió continuar su trayecto hacia el municipio de Toribío, donde tenía programadas actividades de campaña.

Ante estos constantes riesgos, Claudia Liliana Ruiz explicó que el esquema de seguridad brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo estatal adscrito al Ministerio del Interior, consistió en la asignación de una persona para su protección y un chaleco antibalas. No obstante, cuestionó la poca comprensión que existe sobre la complejidad y agudeza del conflicto en el territorio caucano.

La candidata aseguró que, con el avance de la campaña, las restricciones y amenazas se han intensificado. Lamentó además que, transcurrida una década desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), muchas de las iniciativas previstas para proteger a líderes sociales y candidatos siguen sin llevarse a cabo.

En el Cauca operan disidencias de las Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Recientemente, el ELN comunicó un cese al fuego unilateral entre el 7 y el 10 de marzo en todo el país, con motivo de las elecciones.

Esneyder Gómez Salamanca, candidato indígena del pueblo nasa a la misma circunscripción especial, confesó haber sido víctima directa de la violencia: su vehículo fue impactado por un disparo el año pasado cuando iba camino a Popayán, capital del departamento. Gómez subrayó la dificultad de convivir con grupos armados en el territorio, pero aseguró que su trabajo responde a un llamado de la propia comunidad y resaltó el papel fundamental de la guardia indígena para garantizar su seguridad.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2025 se documentaron en Colombia 18 homicidios y 126 ataques o amenazas contra líderes políticos, incluyendo aspirantes a las circunscripciones especiales de paz, creadas tras el acuerdo entre el Gobierno y las Farc en 2016. El panorama se agudiza mientras el país se prepara para las legislativas del 8 de marzo y las próximas elecciones presidenciales, con una primera vuelta prevista para el 31 de mayo y una eventual segunda el 21 de junio.

La incidencia de la violencia política quedó en evidencia en Cauca este año con el secuestro, el pasado 10 de febrero, durante algunas horas, de la senadora Aída Quilcué y la retención de la líder indígena Ana Guetio, ambas aspirantes a cargos de elección popular, quienes fueron interceptadas en carreteras, despojadas de vehículos y objetos personales, y liberadas posteriormente.

¿Qué función cumple la guardia indígena en los procesos electorales en el Cauca?

La guardia indígena constituye un mecanismo de protección propio de las comunidades indígenas, que ha cobrado relevancia ante la ausencia o limitaciones de los esquemas oficiales brindados por el Estado, como lo evidencian los testimonios de los candidatos Claudia Liliana Ruiz y Esneyder Gómez Salamanca. Su labor no solo es preventiva sino también mediadora entre candidatos y actores armados, permitiendo la movilidad y realización de campañas electorales en contextos donde la autoridad estatal resulta insuficiente.

La presencia de la guardia indígena en el Cauca ha sido fundamental para el ejercicio democrático, pues facilita el contacto entre las candidaturas y sus comunidades de base. Su papel se vuelve incluso más trascendental en tiempos electorales, marcados por el aumento de amenazas y la alegría del conflicto, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de la protección estatal y la implementación de las medidas derivadas del acuerdo de paz.