Valle del Cauca da un paso histórico contra la violencia política de género con nuevo proyecto de ley

El tema de la violencia política hacia las mujeres alcanzó un nuevo nivel de relevancia en el Valle del Cauca con la radicación del Proyecto de Ordenanza N.° 003 ante la Asamblea Departamental. Esta propuesta, que se fundamenta en la reciente Ley Estatutaria 2453 de 2025, fue presentada oficialmente el 10 de abril de 2026 y ya ha comenzado su camino institucional a través de los debates reglamentarios necesarios para su análisis y eventual aprobación. De esta manera, el Valle del Cauca se posiciona como uno de los territorios del país donde la discusión alrededor de la protección de las mujeres en la vida política toma un carácter prioritario en la agenda pública.

La diputada Lina Segura, principal impulsora de la iniciativa, enfatizó que el proyecto surgió a partir de la urgencia de crear condiciones seguras para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, situación que se ve amenazada por las recurrentes agresiones simbólicas y hostigamientos que han sido denunciados en el departamento. Segura subrayó que esta propuesta trasciende los colores partidistas y responde al imperativo de garantizar a las mujeres una participación política libre de miedos y de cualquier forma de violencia.

Durante la sustentación del proyecto de ordenanza, se expuso un diagnóstico preocupante: la baja representación femenina en los espacios de toma de decisiones y la prevalencia de prácticas que minan la legitimidad y el liderazgo de las mujeres. A partir de ese contexto, la propuesta tiene como meta adoptar en el ámbito territorial la Ley 2453 de 2025, brindando herramientas institucionales para enfrentar la violencia política de género.

Entre las acciones estipuladas en el proyecto figuran la consolidación del Observatorio de Género para realizar seguimientos, la puesta en marcha de la campaña denominada “¡NO MÁS MISOGINIA!”, y el establecimiento de rutas claras de atención para las víctimas. Además, contempla instrumentos pedagógicos dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y la protección efectiva de sus derechos políticos.

El debate también encontró eco en la Gobernación del Valle del Cauca. La secretaria general, Liza Rodríguez, destacó que la radicación de este proyecto representa un cambio de paradigma: la violencia política de género deja de ser un asunto periférico para convertirse en prioridad institucional. Rodríguez indicó que la propuesta sienta bases fundamentales para la prevención y la atención responsable del problema.

De igual manera, Diana Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica, y Yurani Romero, secretaria privada de la Gobernación, señalaron que la iniciativa significa tanto un avance jurídico como un fortalecimiento de la democracia. Subrayaron la importancia de esta herramienta para proteger los derechos políticos de las mujeres vallecaucanas y para profundizar en la construcción de una sociedad más equitativa.

Así, el Proyecto de Ordenanza N.° 003 inicia su trámite con el reto de transformar la respuesta institucional y social frente a la violencia política de género, abriendo espacios de debate y nuevas alternativas para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública departamental.

¿Qué implica la “violencia política de género” y por qué requiere un abordaje específico en la legislación?

El debate sobre este tipo de violencia ha cobrado fuerza debido al aumento de casos en los que mujeres son objeto de ataques, hostigamientos y prácticas discriminatorias dentro de escenarios políticos. Esta violencia no solo tiene manifestaciones físicas, sino también simbólicas, pues busca desacreditar y limitar la actuación de las mujeres en espacios de poder y decisión. Según lo expuesto en la Asamblea del Valle, este fenómeno afecta la equidad y la calidad de la democracia, lo que justifica la adopción de leyes e instrumentos específicos para su prevención y atención.

Abordar la violencia política de género mediante ordenanzas y leyes reconoce que existen particularidades en la discriminación ejercida contra las mujeres en la esfera pública. Esta situación requiere rutas de acompañamiento diferenciadas y mecanismos institucionales que permitan tanto el seguimiento del fenómeno como la protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres, garantizando así una participación más igualitaria y segura.