Defensoría del Pueblo alerta sobre aumento de violencia y pide reforzar protección en cinco departamentos de Colombia

Un alarmante aumento de la violencia en varias regiones del país llevó a la Defensoría del Pueblo a hacer un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar las medidas de protección en cinco departamentos especialmente afectados: Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander. Esta solicitud surge luego de cinco ataques, ocurridos entre el 14 y el 17 de julio, atribuidos a diversos grupos armados ilegales, que arrojaron un saldo de civiles y uniformados muertos y heridos, según información de la propia Defensoría del Pueblo.

El primer hecho se presentó el 14 de julio, cuando 45 personas, entre ellas civiles, quedaron en medio de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, en Chocó. En ese ataque dos soldados fallecieron y seis más resultaron heridos debido a la activación de artefactos explosivos. Este evento marcó el inicio de una seguidilla de episodios violentos que tendrían impacto sobre comunidades enteras, incluyendo niños y niñas indígenas.

La violencia continuó el 16 de julio en Arauca, donde un atentado con explosivos, también atribuido al Eln, sacudió la subestación de Policía de Betoyes, en Tame. Murieron dos policías y una mujer civil, mientras que nueve uniformados resultaron heridos. El ataque ocurrió cerca del Internado Betoy (CEIN) y del Centro Educativo Inocencio Chincá, lo que puso en riesgo a más de 80 niños indígenas y a la comunidad educativa, dado el alcance de las hostilidades, según la Defensoría del Pueblo.

Esa misma jornada, en Vichada, tres jóvenes indígenas fueron asesinados y una mujer resultó herida durante un ataque al resguardo Saracure Río Cada, en Cumaribo. Decenas de familias se vieron forzadas a desplazarse y algunas viviendas fueron incendiadas. Las autoridades señalan presencia de múltiples grupos armados en la zona, como Segunda Marquetalia, Eln, disidencias de las Farc encabezadas por alias “Iván Mordisco” —autodenominado Estado Mayor Central (EMC)— y el Clan del Golfo.

En Norte de Santander, específicamente en Tibú, región del Catatumbo, un carro bomba explotó cerca de una instalación militar. El ataque, presuntamente perpetrado por el Eln, dejó siete personas afectadas, incluyendo tres lesionados por esquirlas, además de daños materiales en viviendas y una estación de servicio. Finalmente, en Cauca, miembros de la comunidad fueron obligados por disidencias de las Farc a desplazarse para exigir la salida del Ejército; varios civiles resultaron heridos y uno falleció durante un enfrentamiento. También se reportó un hostigamiento en El Tambo, sin víctimas, lo que refuerza la preocupación de la Defensoría sobre la seguridad de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de fortalecer medidas de prevención y protección, enfatizando la gravedad del panorama que enfrentan estas regiones ante el persistente accionar violento de grupos armados ilegales.

¿Cuáles grupos armados están detrás de los recientes ataques en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre los principales responsables de los ataques registrados están el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se identifican como Estado Mayor Central (EMC) y que tienen como uno de sus líderes a alias “Iván Mordisco”, así como la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. En algunos casos, como el ataque en Vichada, las autoridades aún no han identificado con precisión al grupo responsable debido a la presencia simultánea de varias organizaciones armadas ilegales en la región.

¿Por qué pidió la Defensoría del Pueblo fortalecer las medidas de protección en estas zonas afectadas?

La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno nacional y a las autoridades a reforzar la protección y la prevención tras la ola de ataques que pusieron en grave riesgo la vida de civiles, incluyendo niños, comunidades indígenas y uniformados. Los hechos recientes evidencian la capacidad de los grupos armados ilegales para incidir no solo en los enfrentamientos directos con la fuerza pública, sino también en la seguridad y estabilidad de comunidades vulnerables, incluyendo desplazamientos forzados y daños a infraestructura educativa y viviendas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.