Indignación en Antioquia: feminicidio y asesinato de mujer trans reabren debate sobre violencia y justicia

En las últimas horas, Antioquia ha sido nuevamente testigo de graves hechos de violencia de género que han conmocionado a toda la región. Según información suministrada por El Colombiano, dos asesinatos han sido reportados en diferentes zonas del departamento: un feminicidio en el Nordeste y el homicidio de una mujer trans en el Oriente. Estos crímenes realzan la alarmante situación de inseguridad y vulnerabilidad que enfrenta la población femenina y la comunidad LGBTIQ+ en el área.

El primer caso sucedió en Anorí, donde Kelly Echeverri, una joven de 25 años, fue mortalmente herida con arma blanca en plena vía pública, en un sector conocido como La Manguita. Isaí Cortés, secretario de Gobierno local, precisó que el ataque provino de un hombre que fue visto horas antes con la víctima en una discoteca. Tras un presunto altercado, se produjo el trágico suceso cerca de la medianoche. El agresor optó por entregarse voluntariamente en la estación de Policía donde comenzaron los procesos de judicialización.

Uno de los aspectos más inquietantes es la reacción de los presentes ante este violento episodio. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios testigos, en lugar de prestar ayuda o llamar a las autoridades, se dedicaron a grabar el incidente, omitiendo cualquier intento de socorrer a la joven. Esta actitud fue tajantemente rechazada y lamentada por las autoridades municipales, quienes señalaron la gravedad de la victimización secundaria propiciada por la indiferencia colectiva.

En otro frente, en el municipio de La Ceja se halló el cuerpo de Yuliza Orozco, una mujer trans reconocida por su aporte social en la comunidad y su participación como servidora de restaurantes escolares. De acuerdo con la Alcaldía de La Ceja, la víctima fue encontrada con heridas de bala en el sector del vivero Gualanday, entre La Ceja y El Retiro. Actualmente, el caso está en proceso de investigación.

El contexto departamental evidencia una situación grave: hasta noviembre de 2025, Antioquia ocupaba el segundo lugar en el país por feminicidios, superando los 100 casos, conforme a Medicina Legal. Desde enero hasta finales de agosto, se registraron 2.779 presuntos homicidios en la región, de los cuales 379 tuvieron como víctimas a mujeres; el 14% del total. Llama la atención que en 355 casos no se ha identificado al responsable, lo que refleja una alta impunidad. La Defensoría del Pueblo ha reiterado la alerta sobre el creciente riesgo que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas con liderazgo social y las pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Entre los feminicidios documentados este año, siete corresponden a mujeres trans.

Las violencias reportadas son diversas y alarmantes: homicidios, feminicidios, tentativas de asesinato, agresiones sexuales -principalmente contra niñas y adolescentes-, y formas de coerción comunitaria y política, incluidas prácticas de control social por actores armados. Este panorama muestra la complejidad y gravedad del fenómeno, exigiendo una respuesta decidida de las instituciones y la sociedad.

¿Por qué es importante identificar y judicializar rápidamente a los agresores en casos de violencia de género?

La pronta identificación y judicialización de los responsables en estos crímenes constituye una parte crucial del proceso de impartir justicia y de ofrecer reparación a las víctimas y sus familias. Datos de Medicina Legal citados por El Colombiano detallan que, en Antioquia, más de la mitad de los homicidios contra mujeres permanecen sin resolver, lo cual acrecienta la sensación de impunidad y perpetúa el ciclo de violencia.

La eficaz actuación de las autoridades es fundamental no solo para castigar a los responsables, sino también para desalentar nuevos actos violentos y restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Especialmente en un contexto donde las agresiones se cometen contra poblaciones históricamente discriminadas, como mujeres trans y líderes sociales, una respuesta inmediata es clave para avanzar en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social.