Las periodistas que el país quiso silenciar: historias de coraje y represión en Colombia

La historia del periodismo en Colombia ha estado marcada por la violencia, la impunidad y la exclusión, elementos que adquieren características específicas cuando se trata de mujeres periodistas. Estos nombres propios, recogidos en el informe “La palabra y el silencio” de la Comisión de la Verdad y respaldados por investigaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, relatan muertes y resistencias difíciles de olvidar. Mariam Ruiz Castañeda, al frente de la emisora Ondas del Darién, fue asesinada en 1987 en Turbo, Antioquia, mientras investigaba sobre escuadrones de la muerte en Urabá. Marta Luz López, gerente de la sede de El Espectador en Medellín, igual que tantas otras, cayó a manos del narcotráfico en 1989. Silvia Margarita Duzán Saénz fue asesinada en 1990 por dar visibilidad a propuestas de paz entre campesinos del Carare mientras rodaba un documental para la BBC de Londres, sin olvidar la masacre de Cimitarra que permanece impune. Diana Turbay, directora de la revista Hoy por Hoy, perdió la vida durante un operativo de rescate después de haber sido secuestrada por redes ligadas al narcotráfico en 1991.

Estos casos no son aislados; quienes denuncian y buscan la verdad enfrentan no solo amenazas, sino también estigmatización y violencia ejercida directamente para silenciarlas. Amparo Jiménez Pallares murió por revelar crímenes cometidos por paramilitares en Valledupar. Jineth Bedoya Lima sobrevivió a tortura, secuestro y violencia sexual el 25 de mayo del año 2000, logrando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera su caso y le diera un fallo favorable años después, ejemplo de dignidad y perseverancia. María Elena Salinas Gallego fue asesinada en San Carlos, Antioquia, presuntamente por la guerrilla, y Elizabeth Obando Murcia, voceadora del periódico El Nuevo Día, murió a manos del Frente 21 de las FARC en Tolima en 2002.

Las amenazas a las mujeres periodistas persisten, y no pocas veces les obligan al exilio o al abandono de la profesión, como lo testimonian relatos inéditos recogidos para Alma Mater en 2010, en los que la huida y el silencio emergen como únicas alternativas. Entre 1958 y 2021, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizó 258 periodistas asesinados en el contexto del conflicto armado; la FLIP documenta un registro de 169 casos entre 1977 y 2025. Estos datos muestran la sistematicidad de la violencia contra quienes ejercen el periodismo y denuncian distintas formas de poder violento en el territorio colombiano.

Un patrón que se repite en la persecución a mujeres periodistas es la intención de excluirlas del espacio público y restringir su voz. Prácticas como la intimidación, la difamación, la violencia sexual o incluso su asesinato, pretenden relegarlas al ámbito privado y negarles su agencia tanto profesional como personal. “Calladitas se ven mejor”, es una expresión que evidencia el trasfondo cultural androcéntrico y feudal sobre el que se asienta gran parte de la sociedad colombiana. Silenciar a las mujeres periodistas implica, en última instancia, limitar el derecho de la población a estar informada y empobrecer la democracia.

En fechas como el 9 de febrero, Día del Periodista en Colombia, la exclusión persiste, pues no siempre se nombra a las mujeres en las conmemoraciones. El gesto de no incluir el femenino en el reconocimiento resulta una forma simbólica de negación. Como se recoge en el testimonio, “lo que no se nombra es como que no existiera”, una omisión que perpetúa la invisibilidad.

¿Qué mecanismos de protección existen para las mujeres periodistas en Colombia?

El constante riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en Colombia por motivos asociados a su labor ha puesto en evidencia la necesidad de mecanismos de protección efectivos. Los ataques, amenazas y otros hechos de violencia han impulsado el surgimiento de redes de apoyo y programas estatales. Sin embargo, la persistencia de la impunidad y la falta de respuestas institucionales suficientes obliga a preguntarse por la eficacia de dichas medidas.

En este contexto, comprender cómo operan estos mecanismos y cuáles son sus limitaciones es fundamental. Refleja tanto la urgencia de garantizar la seguridad de las periodistas como la importancia de defender el derecho a la verdad y la libertad de expresión, elementos esenciales para la vida democrática del país.