Violencia sin tregua: 177 líderes sociales asesinados en Colombia en 2025 según informe oficial

La Defensoría del Pueblo entregó este miércoles 28 de enero un informe detallado sobre la situación de violencia que enfrentaron durante el año 2025 los líderes y lideresas sociales, así como los defensores de derechos humanos en Colombia. Según el balance oficial presentado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado se registraron 177 asesinatos confirmados, lo que evidencia la magnitud y persistencia de este fenómeno. De la cifra total, 150 de las víctimas fueron hombres y 27 mujeres, un dato que revela tanto la alta exposición de los líderes sociales como la creciente vulnerabilidad de las lideresas en los distintos territorios del país.

El documento elaborado por la Defensoría también precisó la distribución mensual de los casos. Marzo fue el mes más violento para quienes trabajan en la defensa de derechos fundamentales, al registrar 22 homicidios de defensores, seguido por julio y noviembre, que contabilizaron 19 casos cada uno. Esta tendencia mensual permite identificar patrones de riesgo que pueden estar asociados a dinámicas locales de conflictividad o a coyunturas específicas dentro del año.

En el análisis territorial sobresale el departamento del Cauca, con 37 asesinatos reportados, consolidándose nuevamente como uno de los lugares más peligrosos para los líderes sociales. Antioquia sigue en la lista con 23 casos, mientras que Valle del Cauca registró 18 víctimas mortales. Esta concentración en ciertas zonas muestra la correlación entre la violencia sociopolítica y el accionar de actores armados ilegales que limitan el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

El reporte de la Defensoría, citado por El Espectador y publicado en sus medios oficiales, también remite a un contexto de largo plazo. Desde 2016 hasta 2025, se contabilizan 1.655 crímenes cometidos contra líderes, lideresas y defensores, además de 39 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. En 2025, la violencia no solo se dirigió contra líderes sociales sino también contra aquellos que apostaron por la reincorporación, pues en enero se reportaron 10 muertes de excombatientes y cifras menores, pero relevantes, en marzo, junio, julio y septiembre.

En términos geográficos, Norte de Santander fue el departamento con mayor número de homicidios de excombatientes en el último año, con siete casos registrados, seguido por Antioquia con seis y Cauca con cinco. Estas cifras muestran la dificultad en la consolidación de la paz territorial y los desafíos para la protección efectiva de quienes dejaron las armas.

El informe de la Defensoría del Pueblo expone una realidad aún crítica en materia de seguridad para defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, a pesar de las políticas y esfuerzos institucionales anunciados por las autoridades. Los datos oficiales, difundidos a través de fuentes reconocidas como El Espectador y la propia Defensoría, reafirman la urgencia de articular respuestas efectivas para la protección de esta población y la garantía del ejercicio de derechos en contextos complejos.

La interrogante acerca de las propuestas presentadas por la Defensoría del Pueblo resulta central dada la gravedad de la situación reflejada en las cifras. Según la información recogida en el documento y retomada por El Espectador, el informe se centra en la exposición de los datos y el llamado de alerta sobre la persistencia de la violencia, sin detallar en esta oportunidad medidas puntuales propuestas por la entidad. Es usual que la Defensoría haga recomendaciones al Estado y a las entidades encargadas, pero en esta entrega el enfoque estuvo en la presentación del balance y en la reafirmación del compromiso institucional de defender la vida de quienes ejercen liderazgo social y defensa de los derechos humanos en Colombia.

Esta pregunta cobra relevancia porque la presentación de cifras oficiales, aunque vital para visibilizar la problemática, demanda respuestas concretas del Estado y la sociedad para garantizar la integridad y el trabajo de los y las defensoras. ¿Cuáles serán las próximas acciones institucionales frente a este desafío?