Gobernación del Cesar solicita autorización para comprometer vigencias futuras en operación y proyectos clave del departamento

La Gobernación del Cesar presentó ante la Asamblea Departamental una solicitud para que se le autorice comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias, destinados tanto a proyectos prioritarios como a servicios misionales esenciales del departamento. Según el Proyecto de Ordenanza 16 de 2026, la administración busca asumir obligaciones contractuales por un monto que supera los 18.000 millones de pesos, provenientes tanto del presupuesto actual como de partidas programadas para el año siguiente. El objetivo, de acuerdo con el trámite legislativo consignado, es garantizar la continuidad institucional al asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos departamentales.

El mecanismo de vigencias futuras permite que las entidades territoriales celebren contratos cuya ejecución traspasa el límite del ejercicio fiscal vigente. Así, según lo descrito en la solicitud, la administración del Cesar espera resguardar la operatividad de sus dependencias y la realización de proyectos sociales y asistenciales, evitando interrupciones al inicio del nuevo año presupuestal.

Dentro del paquete, uno de los ejes principales está constituido por servicios de soporte logístico e institucional para la administración central, los cuales representan cerca de 7.000 millones de pesos de los compromisos previstos. Entre estos servicios, el esquema de vigilancia y seguridad privada para las sedes gubernamentales tiene un peso significativo, pues requiere una adición contractual superior a 3.300 millones de pesos, cubriendo el período de transición entre el fin del año actual y el inicio del siguiente.

Adicionalmente, el presupuesto contempla una partida cercana a 4.800 millones de pesos para la prestación de servicios generales, como aseo, jardinería y mantenimiento de sedes oficiales en todo el Cesar. A estos rubros se suman recursos para actividades de divulgación institucional, que buscan facilitar la relación entre el gobierno y la ciudadanía durante el próximo periodo fiscal, así como evitar vacíos en la atención al ciudadano provocados por la falta de contratos.

El proyecto también incluye componentes de impacto social y sanitario. Destaca un programa productivo de maíz forrajero, orientado a familias y pequeños productores víctimas de conflicto armado en las zonas rurales de San Diego, con una inversión superior a 2.800 millones de pesos. Por otro lado, se destinan más de 2.000 millones de pesos al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), que tiene como propósito ejecutar acciones preventivas y de promoción en salud comunitaria en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con la información suministrada, la solicitud de vigencias futuras de la Gobernación del Cesar ya cuenta con la aprobación del Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFISCESAR) y con la certificación de la Secretaría de Hacienda que respalda su coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Actualmente, la propuesta sigue en discusión en la Asamblea, donde la administración departamental debe entregar precisiones documentales antes de su aprobación y sanción final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las vigencias futuras y cómo se utilizan en la administración pública?

Las vigencias futuras son una herramienta legal y financiera que permite a las entidades públicas comprometer recursos presupuestales más allá del año fiscal corriente. Según lo expuesto, este mecanismo se utiliza para contratar bienes y servicios cuyo desarrollo excede el período actual, asegurando la continuidad de proyectos y la operatividad institucional más allá del cierre presupuestal anual.

¿Cuáles son los principales proyectos financiados por la Gobernación del Cesar con vigencias futuras?

La Gobernación del Cesar prioriza, entre otros, el soporte logístico institucional y los servicios generales, con énfasis en vigilancia, aseo y jardinería de sedes oficiales. Además, se destacan el proyecto productivo de maíz forrajero para víctimas del conflicto en San Diego y la financiación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, orientado a la prevención y promoción de la salud en diferentes municipios.