Nuevo video revela presunta alianza entre disidencias de las FARC y gobierno de Maduro en la frontera

Una reciente grabación, que actualmente es materia de análisis por parte de los organismos de seguridad en Colombia, ha reavivado el debate sobre los posibles vínculos entre facciones armadas ilegales de ese país y sectores del gobierno venezolano. Según reveló Noticias Caracol, la evidencia audiovisual cuestiona la narrativa oficial del régimen de Nicolás Maduro, que ha negado reiteradamente la presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano, y sugiere conexiones que irían más allá de simples afinidades ideológicas, incidiendo de lleno en la disputa por el control del narcotráfico en la frontera entre ambas naciones.

La grabación data de 2020 y muestra a alias “Julián Chollo”, quien aparece como segundo al mando dentro del frente Acacio Medina, una estructura disidente de las FARC bajo la dirección de alias “Iván Mordisco”. En el video, captado durante un encuentro con campesinos en Elorza, estado Apure —ubicado a solo 200 kilómetros de la frontera colombiana— “Chollo” manifiesta explícitamente su respaldo al liderazgo de Nicolás Maduro. Incluso, tras exaltar el gobierno venezolano, dirige un mensaje en nombre de la organización armada y de alias “John 40”, figura reconocida por las autoridades como su principal colaborador.

La información de inteligencia citada por el noticiario indica que tanto “Chollo” como “John 40” tendrían gran influencia tanto en tierras venezolanas —específicamente en Amazonas y Apure— como en los departamentos colombianos fronterizos de Vichada y Guainía. El video difundido, además de dejar patente este posicionamiento político, expone la existencia de posibles alianzas estratégicas con elementos del chavismo, en particular con el Partido Patria Para Todos (PPT), al que “Chollo” exhorta a erigirse en fuerza decisoria a favor del gobierno de Maduro.

Las pruebas conocidas no se limitan a material videográfico. Noticias Caracol evidencia cientos de correos electrónicos interceptados por las autoridades colombianas que ampliarían la dimensión de estas relaciones. En uno de los mensajes, alias “Pablito”, integrante del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y máximo líder del Frente de Guerra Oriental, da instrucciones acerca de colaboraciones con integrantes de la Fuerza Pública venezolana, mencionados como “los amigos de la Alhambrada”, para coordinar operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Según los informes presentados, dichos intercambios harían alusión al general Iván Rafael Hernández Dala, exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Presuntamente, este alto mando habría tenido coordinación con fracciones guerrilleras, incluyendo acciones conjuntas contra otras disidencias tras acontecimientos de violencia en el vecino país. Las agencias de inteligencia concluyen que Venezuela se habría convertido así en un espacio de confrontación para distintas organizaciones ilegales que buscan acceder al control de las rutas del narcotráfico.

En este escenario, tanto las disidencias de las FARC como el ELN se disputan la hegemonía. En su caso, el ELN contaría con mayores favores del régimen de Maduro y, de acuerdo con fuentes de inteligencia, tendría una presencia aproximada de 1.400 hombres armados en estados venezolanos clave: Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Allí se ocultarían figuras de alto perfil como alias “Antonio García” y “Pablo Beltrán”. Paralelamente, se han identificado campamentos y pistas clandestinas que evidenciarían la magnitud de las operaciones criminales, abarcando también estructuras del Estado Mayor Central de las FARC y de la Segunda Marquetalia.

Las autoridades de Colombia subrayan además que este último grupo, comandado por alias Iván Mordisco, dirige, desde el lado colombiano, a unos 200 guerrilleros desplegados en territorio venezolano. La Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de alias “Iván Márquez”, mantiene también capacidad de acción en Apure, Bolívar y Amazonas.

De esta manera, los hallazgos recientes no solo profundizan la preocupación por la seguridad en la frontera colombo-venezolana, sino que también ponen sobre el tapete la compleja red de intereses, alianzas y pugnas entre organizaciones criminales y sectores del poder político en la región.

¿Cómo afectan estos vínculos entre grupos armados colombianos y sectores del gobierno venezolano a la vida de los habitantes en la frontera? Esta pregunta emerge con fuerza en medio de los hallazgos presentados, pues el contexto de confrontación por el control del narcotráfico no solo representa un desafío para las agencias de seguridad, sino que impacta de manera directa en las dinámicas diarias de las comunidades en la región limítrofe. Las acciones de grupos ilegales y las alianzas con elementos estatales han conducido al desplazamiento forzado, amenazas a líderes sociales y restricciones económicas para los residentes, agravando la vulnerabilidad de quienes habitan estos territorios marcados por la violencia. Además, la población civil se ve inmersa en un ambiente de temor e incertidumbre ante las disputas armadas, la presencia de estructuras criminales y la dificultad para obtener respuestas estatales efectivas.

El conocimiento de estas realidades es esencial para comprender el alcance de la violencia y el poder de los actores ilegales en la zona fronteriza, así como para exigir soluciones integrales por parte de las autoridades nacionales e internacionales.