Aumenta el número de víctimas del conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, según registros oficiales

Durante el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, la cifra de víctimas vinculadas al conflicto armado se incrementó notablemente, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, citada por El Tiempo. En el período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2026, esta entidad reconoció 1.492.003 nuevas víctimas. De ese total, 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), la base de datos oficial. Además, el 72 % de estas personas denunció hechos que ocurrieron entre 2022 y 2024, mientras que el resto corresponde a crímenes cometidos en años anteriores pero que apenas fueron reportados. La demora para declarar la información, ya sea por temor o por problemas de acceso a las autoridades, explica este fenómeno, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas.

Este aumento de víctimas reconocidas se da en un contexto de cuestionamientos al gobierno Petro, en especial respecto al “pacto de los congelados”, como llamaron medios como El Colombiano al acuerdo entre el ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el grupo armado Clan del Golfo. El pacto incluyó compromisos como relevar a oficiales de Inteligencia, suspender bombardeos y pausar solicitudes de extradición para cabecillas del grupo.

La legislación en Colombia, según la Ley 1448 de 2011 (modificada por la Ley 2421 de 2024), define como víctimas a aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños desde 1985 en adelante por infracciones a normas nacionales e internacionales durante el conflicto armado interno. Esta definición incluye a personas desplazadas dentro del territorio por situaciones de violencia o disturbios.

Entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, el Estado sumó al RUV a 711.916 personas, según el boletín ‘Datos para la Paz’ del tercer trimestre de 2025. Cabe aclarar que estas cifras corresponden a víctimas registradas, pero los hechos que dieron origen a la victimización pueden haberse presentado en otros periodos.

En los últimos cuatro años, el delito de desplazamiento forzado ha sido el de mayor incidencia, con 1’259.885 casos reportados por la Unidad para las Víctimas. Le siguen amenazas (308.085), confinamiento (171.066), homicidios (65.942), desaparición forzada (15.331), secuestros (5.425) y tortura (1.318). Nariño, Norte de Santander y Antioquia son los departamentos con mayor número de reportes, y municipios como Buenaventura y Tibú presentan cifras especialmente altas.

El panorama es aún más inquietante al revisar informes de la Universidad de los Andes, que documentan un incremento de 337 % en la extorsión, un 70 % en amenazas a civiles y un aumento del 168 % en el reclutamiento forzado de menores. Amnistía Internacional, por su parte, señaló que pese a procesos de negociación, varios grupos armados continuaron delinquiendo en departamentos como Guaviare, Putumayo y Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado el número de víctimas del conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, el gobierno de Gustavo Petro ha sido testigo de un aumento significativo en el número de víctimas del conflicto armado, con 1.492.003 nuevas personas reconocidas entre 2022 y 2026. Este número se suma a los más de 10 millones de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia desde décadas anteriores. La mayoría de los nuevos casos reportados corresponde a hechos ocurridos en el actual cuatrienio, según datos citados por El Tiempo.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes reportados por las víctimas del conflicto armado en Colombia en los últimos años?

Según la información de la Unidad para las Víctimas, el desplazamiento forzado encabeza el listado de delitos más frecuentes, con más de 1,2 millones de casos reportados en los últimos cuatro años. Le siguen amenazas, confinamiento, homicidios, desaparición forzada, secuestros y tortura. Estos datos reflejan la gravedad y diversidad de hechos victimizantes que siguen ocurriendo en el país.