Verónica Arango rompe el techo de cristal en la Asamblea de Antioquia: poder, reformas y obstáculos invisibles

En el transcurso de los últimos cincuenta años, apenas tres mujeres han presidido la Asamblea departamental de Antioquia, uno de los órganos de representación política más tradicionales y menos mediáticos del departamento. Durante el año 2025, la diputada Verónica Arango, del partido Centro Democrático, asumió la presidencia de esta corporación, una posición que históricamente ha sido ocupada mayoritariamente por hombres. Aunque la Asamblea es elegida por voto popular, su trabajo suele pasar desapercibido para una parte importante de la ciudadanía, que desconoce sus funciones e impacto en la vida pública. Según se destaca en el propio relato de Arango, esta falta de visibilidad se asocia tanto a la marcada afinidad política entre la corporación y la Gobernación —lo que reduce los debates públicos—, como a una cultura política en la que predomina el machismo.

Pese al bajo perfil mediático de la Asamblea, el periodo presidido por Arango estuvo marcado por la aprobación de iniciativas clave impulsadas por el gobernador Andrés Julián Rendón, entre ellas la tasa de seguridad, una reorganización administrativa de la Gobernación y reformas a la financiación de las universidades públicas. La Asamblea también abordó la crisis que atraviesa la Universidad de Antioquia y la compleja discusión sobre la forma en la que se financian los centros educativos, demostrando el peso de sus decisiones sobre el futuro del departamento. Verónica Arango enfatiza el trabajo realizado, mencionando que en 2025 se llevaron a cabo 79 sesiones ordinarias y 42 extraordinarias, donde se discutieron 67 proyectos de ordenanza, todos aprobados. De estos, resalta iniciativas relacionadas con el impuesto vehicular, cuyos recursos fueron destinados a la alimentación escolar, y la reestructuración administrativa, gracias a la cual se ahorraron cerca de 300.000 millones de pesos empleados en obras como el Túnel del Toyo y programas sociales.

Más allá de estos logros administrativos, Arango subraya los proyectos dirigidos a la equidad de género, como aquel que respalda la formalización de mujeres cabeza de hogar o en situación de pobreza extrema, al facilitar que las empresas reciban apoyo gubernamental en el pago de la seguridad social. Este tipo de medidas, según Arango, buscan garantizar la autonomía económica y mayores oportunidades de empleo formal para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, su paso por la presidencia no estuvo exento de obstáculos. Arango relata cómo enfrentó violencia política de género, una experiencia que transformó su percepción sobre este fenómeno. Reconoce que dirigir una corporación donde se toman decisiones de alto impacto no ha sido fácil para una mujer joven y que, pese al respeto de la mayoría de colegas, existen resistencias en algunos sectores al liderazgo femenino en cargos de poder.

El proceso legislativo en la Asamblea, según lo narrado por Arango, implica que los proyectos de ordenanza enviados por la administración departamental sufren modificaciones durante su paso por las comisiones. Cada uno es analizado, debatido y, si es necesario, ajustado o incluso frenado, como sucedió con la propuesta de eliminar la estampilla universitaria. La negativa de los diputados a aprobar sin una política pública clara demostró, según la presidenta de la Asamblea, que la corporación no actúa como simple notaría de la Gobernación, sino que tiene capacidad de incidir y modificar el rumbo de las políticas.

En su balance, Arango reconoce la firmeza y escucha del gobernador Rendón, resaltando que en temas polémicos, como el financiamiento universitario, fue posible frenar propuestas consideradas incompletas. De este modo, la Asamblea departamental reafirma su relevancia como contrapeso y motor de desarrollo para Antioquia, aunque enfrente grandes desafíos en materia de inclusión y reconocimiento público.

¿Cuáles son las funciones principales de la Asamblea departamental de Antioquia?

Esta pregunta surge con frecuencia debido al desconocimiento generalizado sobre el papel de las asambleas departamentales en Colombia y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. De acuerdo con la información proporcionada por la propia diputada Arango, la Asamblea actúa como la junta directiva del gobernador, responsable de discutir y aprobar todos los proyectos de ordenanza que permiten el manejo del presupuesto y los recursos departamentales. Sin su aval, el ejecutivo no podría poner en marcha el plan de desarrollo.

Además, la Asamblea ejerce tareas de control político y modifica, ajusta o rechaza propuestas de la administración departamental a través de comisiones internas. Por ejemplo, analiza proyectos que afectan la educación, la seguridad y las políticas sociales. Esta labor implica, muchas veces, introducir correcciones, realizar debates y, en ocasiones, detener iniciativas que no están suficientemente sustentadas, revelando la importancia y autonomía de esta corporación en la gestión pública.