Polémica en Barranquilla: traslado de jefes criminales divide a líderes locales y el Gobierno por la ‘Paz Total’

El reciente traslado de los principales líderes de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a un centro penitenciario de Barranquilla, ordenado por el Gobierno nacional, desencadenó una intensa controversia política en la región Caribe. Esta decisión, alineada con los diálogos de la política de ‘Paz Total’, fue comunicada por el Ministerio de Defensa y de inmediato suscitó reacciones adversas, sobre todo porque no fue consultada previamente con las autoridades locales. Dirigentes regionales como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, alzaron la voz para expresar su desacuerdo ante una medida que, a su juicio, pasa por alto la realidad y el sentir de la población local.

Según Char, la cárcel en Barranquilla no dispone de las condiciones mínimas de seguridad para albergar a figuras criminales de alto perfil como Digno Palomino y alias ‘Castor’. Ambos jefes han ejercido liderazgo sobre las estructuras delictivas mencionadas, aunque a finales del año pasado anunciaron una “tregua pactada” que hace parte del programa gubernamental conocido como ‘Paz Urbana’, el cual también se aplica en otras ciudades como Medellín y Quibdó. El alcalde responsabilizó directamente al Gobierno nacional por cualquier consecuencia negativa que pudiera derivarse de este traslado, argumentando que las acciones implementadas carecen de soporte legal y no consideran las inversiones realizadas por el distrito para fortalecer la seguridad. De hecho, mencionó que se han destinado más de 150.000 millones de pesos para tal fin.

El respaldo a la postura del alcalde Char llegó desde distintos sectores políticos. El senador liberal Mauricio Gómez Amín sostuvo que la determinación de enviar a reconocidos cabecillas criminales a Barranquilla “sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito” y deja entrever una preferencia del Gobierno nacional por los criminales sobre las víctimas. A esto se sumó la advertencia de Efraín Cepeda, senador por el Partido Conservador y expresidente del Senado, quien criticó la falta de concertación y recordó experiencias negativas en otras ciudades donde políticas similares han resultado fallidas.

Además, Cepeda relacionó la coyuntura con la cercanía electoral, sugiriendo que, bajo el pretexto de la “paz total” o la “paz urbana”, podrían repetirse escenarios donde estructuras criminales influyen en los procesos electorales de las ciudades, como ha ocurrido en Medellín. Tal inquietud expone otra arista del debate, donde la seguridad pública y la integridad de los procesos democráticos se colocan en el centro de la discusión política regional y nacional.

Frente a estas críticas, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente enfatizando que su administración ha logrado reducir a la mitad la tasa de homicidios en Barranquilla, atribuyendo este avance a los esfuerzos de paz con las bandas criminales responsables de la violencia en la ciudad. Según Petro, el proceso adelantado bajo su gobierno ha permitido disminuir el derramamiento de sangre y fortalecer la convivencia, destacando así los resultados positivos de la estrategia implementada.

Esta situación refleja la compleja relación entre el Gobierno central y las autoridades locales en torno al manejo de políticas de seguridad y reconciliación. El caso pone en evidencia los desafíos para alcanzar un justo equilibrio entre la búsqueda de paz, la seguridad ciudadana y la consulta democrática, en un contexto donde aún subsisten heridas abiertas en la sociedad barranquillera.

¿Qué es el programa ‘Paz Urbana’?

Una de las preguntas frecuentes que surgen a raíz de este debate es qué comprende exactamente el programa ‘Paz Urbana’ mencionado por el Gobierno nacional. De acuerdo con la información suministrada en el artículo de El Espectador, este programa es parte de la política de ‘Paz Total’ promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una estrategia que busca pactar treguas y ceses de hostilidades con estructuras criminales en escenarios urbanos particularmente golpeados por la violencia, como Barranquilla, Medellín y Quibdó.

La importancia de la pregunta radica en que ‘Paz Urbana’ no solo implica acuerdos de convivencia entre bandas, sino que supone un cambio en la confrontación tradicional del Estado con el crimen organizado. Sin embargo, según las voces críticas de políticos locales, este programa carece de un marco jurídico claro y de mecanismos efectivos de control, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y su real impacto sobre la reducción de la criminalidad y el respeto a las instituciones democráticas.