Habla joven que denunció torturas a niños discapacitados en la ‘casa del terror’

Se atrevió a dar la cara pese a que teme por su vida, pues fue el que grabó con su celular la prueba reina de este indignante caso.

Y lo hizo, según él, porque en los pocos meses que trabajó en la fundación ‘Peces Vivos’, que tenía convenio con Bienestar Familiar, tuvo que presenciar torturas y tratos inhumanos a los que sometían a los menores.

“Los niños eran castigados cruelmente: de cada extremidad los amarraban, y duraban dos, tres y cuatro horas. Hubo dos niños que duraron 24 horas amarrados”, dijo Sebastián Cruz, en diálogo con Noticias RCN.

Y agregó:

“Ella ‘gestiaba’ (apretaba) lo que más podía, y el niño decía: ‘me duelen las piernitas. Auxilio, auxilio’. Él me pedía auxilio y me decía: ‘acá no me alimentan, me maltratan… yo me quiero morir’”.

Cruz aseguró en el noticiero que como los gritos y súplicas de los niños se escuchaban hasta la calle, la decisión de los encargados de la fundación fue pasarlos a una habitación en la parte de atrás de la casa.

“¿Por qué la utilizaban ahí? Porque era un lugar ya alejado de la calle. La misma gente se quejaba y decía que se escuchaban a los niños llorar y gritar, que qué es lo que les hacen”.

El testimonio de este joven y los videos que entregó, además de las pruebas recolectadas por investigadores, son pieza clave para la Fiscalía en su intención de demostrar que en esa fundación se torturaban a los niños en condición de discapacidad mental.

Y es que en los videos, difundidos este viernes por el noticiero, se observa que los cuidadores amarran a los niños de pies y manos a las camas, pese a que los pequeños gritan y suplican desesperadamente para que nos los maltraten más.

Pero que los amarraran al parecer era una de las prácticas menos crueles, ya que según confirmó en rueda de prensa el coronel Jorge Morales, comandante de Policía en Ibagué, las personas castigaban a los niños con la denominada ‘mascarilla de sopa’, que consistía en “que por no tomarse la sopa se la lanzaban a la cara”.

Lo mismo denunció el fiscal delegado para la violencia contra los niños, Mario Gómez, que aseguró que “los niños eran sometidos a actos de crueldad degradantes. Eran amarrados a sus camas y además las personas que supuestamente los cuidaban y tenían que proteger sus derechos les suministraban drogas para tenerlos controlados y les aplicaban doctrina militar para castigarlos”.

Por este aberrante caso, 10 personas fueron capturadas, entre las que se encuentran la directora de la fundación Johana Dignore Rodríguez Olaya; su madre y coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefanía Salcedo; y las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera (los demás eran formadores).

Este viernes, un juez legalizó las capturas, pese a que los abogados defensores alegaban que se habían cometido irregularidades a la hora de hacer efectivas las detenciones.