Petro advierte: “Cerrar la frontera es entregarla a la mafia” y plantea nuevas medidas ante Ecuador

Desde Ipiales, Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó la actual tensión comercial entre Colombia y Ecuador, marcada por decisiones bilaterales que han repercutido directamente en la dinámica fronteriza. Durante un consejo de ministros, Petro fue enfático al rechazar la imposición de aranceles del 100% a productos ecuatorianos, una medida que, según sus palabras, no sería conveniente para Colombia. El mandatario recalcó que, en vez de recurrir a tal extremo, la respuesta de su Gobierno se enfocará en la aplicación balanceada de subsidios y aranceles que permitan afrontar este escenario.

En su intervención, el presidente criticó abiertamente las acciones adoptadas por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, al señalar que éstas han sido el principal motor de la denominada “guerra” comercial entre ambos países. Petro sostuvo que el cierre fronterizo y las restricciones aplicadas al comercio no solo deterioran la relación bilateral, sino que también favorecen el avance de las economías ilegales. Afirmó que “cerrar la frontera es entregarla a la mafia”, advirtiendo así sobre los riesgos en materia de seguridad asociados a la disminución del comercio formal.

Dentro de su análisis, Petro conectó la coyuntura económica con variables como la fluctuación del dólar, decisiones recientes del Banco de la República y medidas implementadas desde Ecuador. Explicó que la revaluación del peso colombiano ha encarecido las exportaciones nacionales y aumentado la entrada de importaciones, fenómeno que incrementa la salida de recursos económicos del país. Frente a este contexto, anunció que los bienes indispensables tendrán arancel cero, mientras que los productos importados desde Ecuador, que puedan ser producidos localmente, serán protegidos con subsidios. Asimismo, enfatizó el fortalecimiento del apoyo a la compra de fertilizantes, con el fin de proteger la producción agrícola.

En el ámbito de la seguridad, Petro ordenó una mayor presencia militar en las zonas fronterizas, incluyendo áreas selváticas, para impedir que organizaciones ilegales tomen control de la región. Dio instrucciones a la Fuerza Pública de respetar los derechos humanos durante manifestaciones sociales y de permitir el paso de alimentos y bienes esenciales, remarcando la importancia del abastecimiento en medio de las restricciones.

Por su parte, la canciller encargada, Juana Castro, precisó que Ecuador ha adoptado una serie de decisiones unilaterales que han intensificado la tensión. Entre ellas, la negativa a habilitar el puente sobre el río Mataje, la demolición de infraestructuras en Nariño, la deportación de cerca de 800 colombianos sin los debidos protocolos, restricciones sanitarias a exportaciones pecuarias, cierres parciales de frontera, imposición de aranceles del 27% a productos colombianos y el alza en las tarifas del oleoducto. Estas decisiones, según el Gobierno colombiano, han complicado el comercio y la movilidad en la zona limítrofe.

Durante el mismo consejo, el presidente cuestionó el programa de vivienda Mi Casa Ya, argumentando que los subsidios entregados terminaban incrementando los precios de los inmuebles y favoreciendo a actores financieros. También criticó a Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, por no pronunciarse frente al aumento de las tasas de interés. Petro reiteró que el impuesto predial depende de la gestión municipal e insistió en la existencia de desinformación sobre el proceso de actualización catastral, al que definió como una modernización orientada por las autoridades locales.

Finalmente, Petro denunció hechos recientes de violencia en el transporte intermunicipal en Ipiales, señalando presuntos abusos a menores y la escasa reacción por parte de las autoridades. El consejo de ministros expuso cómo las tensiones económicas y las decisiones en materia de seguridad impactan las condiciones cotidianas y el comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

¿Cómo afecta el cierre fronterizo a las comunidades locales en Ipiales, Nariño?
El cierre de fronteras genera impactos inmediatos en la vida cotidiana de quienes habitan en regiones limítrofes como Ipiales. Esta medida restringe el comercio legal y el acceso a bienes esenciales, afectando directamente la economía local y limitando el intercambio social y cultural típico de las zonas de frontera.
Además, la interrupción del paso legal suele abrir oportunidades para actividades ilícitas, ya que las comunidades buscan alternativas para mantener sus medios de vida. Así, el cierre fronterizo puede derivar en un incremento del contrabando, la violencia y la presencia de grupos armados al margen de la ley, como advirtió la propia Presidencia de Colombia durante el consejo de ministros.