Crisis institucional en Colombia: ¿Se abre la puerta a una Constituyente tras el fallo de la Corte?

La reciente suspensión del decreto de emergencia económica, firmada a finales de 2025, por parte de la Corte Constitucional, ha encendido nuevamente las tensiones entre las ramas ejecutiva y legislativa en Colombia, justo antes de la tercera sesión de control político en el Congreso sobre este tema. Según lo expuesto por El Espectador, este episodio ha reavivado el debate sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, un argumento impulsado desde el propio Gobierno. El presidente Gustavo Petro subrayó las implicaciones fiscales de la suspensión, advirtiendo que podría incrementar significativamente la deuda del país y obligar a la próxima administración a buscar mayores recursos tributarios.

Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), fue enfático al afirmar que, si se detiene la recaudación de los nuevos impuestos destinados, entre otros fines, a los sectores de mayores ingresos, el impacto principal recaerá en las finanzas públicas, generando presiones adicionales para futuros gobiernos. El mandatario calificó como esencial la defensa del llamado “impuesto a los megarricos” y advirtió que la decisión de la Corte podría trasladar el peso de la crisis a la sociedad, forzando al próximo Congreso, que tomará posesión el 20 de julio, a decidir quién asume las consecuencias de las medidas tomadas por el Banco de la República y la especulación financiera presente en el país.

La suspensión ha implicado que decretos derivados de la emergencia, como el decreto 1474 de 2025 que aumentaba impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos, juegos de azar y compras internacionales superiores a 50 dólares estadounidenses, pierdan efecto, al menos temporalmente. Petro sostuvo que dichos decretos conservan presunción de legalidad hasta el momento de la suspensión, aunque la Corte aclaró que mantendrán su efecto suspendido mientras decide de fondo. Este escenario ha sido caldo de cultivo para el resurgimiento de la idea de una Constituyente, especialmente tras los cuestionamientos del presidente sobre la independencia y motivaciones del alto tribunal.

Integrantes del gabinete, como el ministro del Interior Armando Benedetti, también manifestaron su inconformidad, calificando la suspensión provisional de la emergencia económica como una figura inexistente en la Constitución, respaldando el discurso de ruptura del orden constitucional. Por su parte, Antonio Sanguino, titular de la cartera laboral, calificó la medida como un “adefesio jurídico” y la relacionó directamente con la legitimación de llamados al poder constituyente.

No obstante, la reacción en el Congreso ha sido diversa. Algunos legisladores promovieron la suspensión del decreto y celebraron la decisión judicial, mientras otros insisten en retomar el control político sobre el tema, lo que llevó a aplazar la sesión debido a preocupaciones sobre la calidad de las respuestas gubernamentales, según lo citado por el senador Carlos Fernando Motoa. Por otro lado, 18 gobernadores que se opusieron inicialmente al decreto, al considerar que afectaba las rentas territoriales, respaldaron el fallo de la Corte, enfatizando la importancia de la independencia de poderes y la descentralización.

En este contexto, el país ingresa de lleno a la temporada electoral con el debate constitucional y fiscal en primer plano, mientras diferentes actores recomiendan informarse para no perderse entre la abundancia de información política y de campaña.

¿Cuáles son las funciones del control político en el Congreso?

El control político es uno de los mecanismos más importantes que el Congreso colombiano tiene para supervisar la gestión del Gobierno Nacional. A través de este procedimiento, senadores y representantes pueden convocar a ministros y altos funcionarios para que expliquen y justifiquen las decisiones tomadas, especialmente en circunstancias excepcionales como la declaración de emergencia económica. Esta actividad garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

En el caso particular de la suspensión del decreto de emergencia, el control político cobra aún mayor relevancia, pues permite evaluar tanto los argumentos del Ejecutivo como las razones de la Corte Constitucional, promoviendo un equilibrio de poderes. Así, se convierte en un escenario decisivo donde se discuten los alcances y límites del Gobierno en la adopción de medidas extraordinarias.