Economía
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Otto Bula dijo que la intención era que el Estado pagara a la brasilera $700.000 millones en sobrecostos para el contrato Ocaña-Gamarra.
Por eso se requería que el caso tuviera un manto de legalidad a través del acompañamiento de la Procuraduría en la demanda que finalmente terminó ante un tribunal de arbitramento, informa El Tiempo.
Bula dijo que las reclamaciones de Odebrecht se centraban en que la ANI tenía que autorizar los millonarios recursos asociados a los “sobrecostos causados por la temporada invernal, en relación con la adición del contrato Ocaña –Gamarra”, agrega La W Radio.
La Corte Suprema consideró que de esa manera se evitarían “problemas legales con los dineros que se iban a reconocer a la firma Odebrecht, gestión en la que los congresistas fueron de mucha ayuda”, añade ese medio.
Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI que está vinculado a la investigación, habría estado facultado para pagar hasta 700.000 millones de pesos en reclamaciones a Odebrecht.
La supuesta participación de funcionarios de la Procuraduría no está probada y es materia de investigación en el Ministerio Publico, indicó El Tiempo.
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