Suiza respaldó a la JEP y víctimas de las Farc respondieron con duro mensaje

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La Embajada de Suiza destacó el papel de las sanciones propias, pero la Corporación Rosa Blanca cuestionó los resultados que ha dado.

Las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron un nuevo respaldo internacional, esta vez de la Embajada de Suiza en Colombia. Sin embargo, el pronunciamiento provocó una respuesta de la Corporación Rosa Blanca, organización que reúne a mujeres víctimas del conflicto armado y que cuestionó el papel que ha tenido la jurisdicción frente a quienes sufrieron delitos atribuidos a las antiguas Farc.

“Las sanciones propias de la JEP hacen parte de un esfuerzo innovador en la justicia transicional en Colombia que da un lugar central a las víctimas”, afirmó la Embajada de Suiza en una publicación en X.

La representación diplomática agregó que estas sanciones permiten el reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de quienes cometieron graves crímenes y consideró fundamental respaldar su implementación y sostenibilidad para contribuir a la consolidación de la paz.

Suiza también reiteró su apoyo a los procesos relacionados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en Colombia. El país europeo ya había respaldado actividades de la JEP y encuentros relacionados con justicia transicional y reparación a víctimas.

Pero el mensaje tuvo una respuesta crítica de la Corporación Rosa Blanca, una organización de mujeres que se identifica como víctima de reclutamiento infantil, violencia sexual y violencia de género atribuida a las antiguas Farc.

“Nosotros las víctimas no hemos recibido nada de la JEP. ¿Les quedó claro?”, escribió la organización, que además cuestionó que el proceso de justicia transicional sea presentado como un instrumento para consolidar la paz.

En su pronunciamiento, Rosa Blanca sostuvo que los antiguos integrantes de las Farc que han pasado por la JEP tuvieron años para aportar verdad, reparar a las víctimas y entregar recursos. También afirmó que, desde su perspectiva, la jurisdicción fue diseñada para favorecer a los victimarios y no a quienes sufrieron los crímenes.

Queridos amigos Suizos. Aclaraciones: 1. El proceso ante la JEP no tiene nada que ver con La Paz en Colombia, si así fuera, estaríamos viviendo como se vive en las praderas de las montañas en su país. 2. Los asesinos de las Farc tuvieron 8 años de JEP y no aportaron verdad, no… https://t.co/2gWmo9KxPL

— Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) September 24, 2026

Esas afirmaciones corresponden a la posición de la organización y no describen por sí mismas el diseño jurídico de la JEP. La Ley 1957 de 2019 establece que las sanciones tienen como finalidad satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, con una función restaurativa y reparadora.

Las sanciones propias, específicamente, están dirigidas a quienes reconocen verdad y responsabilidad de manera plena y detallada. Tienen una duración de entre cinco y ocho años y contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurativo.

El debate llega mientras la JEP avanza en la ejecución de sus primeras sentencias definitivas. En julio de 2026, la Defensoría del Pueblo informó que ya había dos sentencias en firme, correspondientes a los casos relacionados con secuestros de las antiguas Farc y con asesinatos y desapariciones presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Además, el Ministerio de Justicia informó que fueron asegurados más de 20.000 millones de pesos para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos derivados de sanciones propias impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad.

Así, el respaldo de Suiza puso nuevamente sobre la mesa una discusión que sigue abierta: mientras la comunidad internacional destaca el modelo restaurativo de la JEP y su apuesta por las víctimas, organizaciones de afectados cuestionan si ese modelo se está traduciendo en verdad, reparación y resultados concretos para quienes padecieron los crímenes del conflicto.