Petro habló de complicación para policías y soldados en Colombia: tiene que ver con sus sueldos

Petro abrió la puerta a una decisión de alto impacto para el sistema de salud e incluso de un impacto en el pago de salarios para los soldados y policías.

Durante el Consejo de Ministros de la noche del lunes 19 de enero, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a una decisión de alto impacto para el sistema de salud e incluso de un impacto en el pago de salarios para los soldados y policías.

Ante un posible escenario en que la Corte Constitucional tumbe el decreto de emergencia económica, el presidente indicó que ese decreto es clave para preservar la estabilidad financiera del país, al permitir contener el aumento del costo de la deuda pública.

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Según el mandatario, si la Corte Constitucional anula esta medida, el servicio de la deuda se encarecería de forma significativa, poniendo a la Nación en una situación fiscal delicada.

En ese caso, Petro aseguró que el margen para nuevos recortes presupuestales es limitado, tras una reducción de 16 billones de pesos aplicada el año pasado. Explicó que cualquier ajuste adicional solo podría afectar sectores sensibles como salud, educación, pensiones y los salarios de soldados y policías.

No obstante, el presidente recalcó que la Constitución prohíbe disminuir el gasto social y protege el pago de la deuda como prioridad, además de señalar que los sueldos de la fuerza pública son “derechos adquiridos, por lo que un recorte en este rubro sería legalmente inviable.

También habló de la posible liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que hoy están bajo intervención del Gobierno. La afirmación se dio tras conocerse un concepto del Consejo de Estado relacionado con el manejo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según explicó el mandatario, el pronunciamiento del alto tribunal permite que los recursos de la UPC sean utilizados para cubrir deudas correspondientes a periodos anteriores, siempre y cuando dichas obligaciones no estén vencidas y no se ponga en riesgo la atención de los pacientes.

El origen del debate está en una consulta elevada por el Ministerio de Salud, que preguntó si el principio de anualidad presupuestal —que obliga a ejecutar los recursos en la vigencia en la que se reciben— aplica para los dineros de la UPC.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que las EPS pueden usar recursos de la UPC para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, incluso si estas se originaron en una anualidad distinta a aquella en la que se reciben los fondos. El tribunal explicó que la anualidad presupuestal no rige para estos recursos, ya que el legislador no los incorporó de forma expresa al Presupuesto General de la Nación y porque su naturaleza es parafiscal, con destinación específica al financiamiento de los servicios de salud.

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“Bajo la anterior norma, los recursos que recaudan las EPS, en nombre de la ADRES, y con los cuales se cubren el valor de las UPC, son recursos parafiscales y, por tanto, tienen naturaleza pública y una destinación específica”, indicó el Consejo de Estado.

Petro fue especialmente crítico frente a las implicaciones del concepto. “Un fallo del Consejo de Estado de que la UPC nueva puede pagar UPC viejas. Eso acaba de descuadrar todo el sistema”, afirmó durante el Consejo de Ministros. En su opinión, esta interpretación permitiría que recursos destinados a la atención actual de los pacientes se desvíen para cubrir deudas del pasado.

Para el jefe de Estado, el efecto práctico sería que los servicios que dejaron de pagarse en años anteriores se cubran con recursos que deberían financiar la atención presente. “Se acaba de tirar todo el sistema”, insistió, al advertir que se estaría comprometiendo la sostenibilidad financiera y operativa del modelo.

A partir de ese escenario, Petro planteó que no habría otra alternativa distinta a liquidar las EPS intervenidas. “Con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidarlas que tenerlas, porque al tenerlas pagan la deuda del pasado y no el presente”, aseguró.

El mandatario sostuvo que el Gobierno había evitado liquidar estas entidades para que pudieran ponerse al día con sus obligaciones y garantizar la atención actual de los afiliados. Sin embargo, señaló que el concepto del Consejo de Estado iría en contravía de ese objetivo. “No se pueden usar los recursos que se giren para pagar deudas, eso sería una estafa al Estado”, afirmó.

Las EPS bajo intervención

Actualmente, varias EPS se encuentran bajo control del Gobierno nacional a través de la figura de intervención. Entre ellas figuran Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud. Todas presentan dificultades financieras y “números en rojo”, según ha reconocido el propio Ejecutivo.

El debate abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema de salud colombiano, en un contexto marcado por tensiones entre la sostenibilidad financiera, la atención a los pacientes y las reformas impulsadas por el Gobierno.