Suboficial de la Policía dice que lo echaron por denunciar armas remarcadas

El armamento en mal estado y con los seriales alterados hacía parte de las 121.000 pistolas Sig Sauer que Colombia compró a Estados Unidos mediante un contrato de colaboración binacional.

También le puede interesar:

• Por robo de 100 pistolas, 6 civiles y 4 agentes de la Policía son investigados
• Claudia López le cantó la tabla al general Palomino por denuncias de corrupción en Policía

El subintendente Carlos Galvis Robayo contó a El Espectador que, al notar que las armas llegaban con los cañones picados y los seriales remarcados, él hizo varias anotaciones que incomodaron al alto oficial.

En una junta técnica le manifesté al coronel Tapiero que no me parecía justo que los policías estuvieran pagando esos cañones a sabiendas de que llegaban de EE. UU. así. Me dijo: “¿Usted quiere que yo pague esa mierda?”.

Para entonces, la Policía conocía las irregularidades de las pistolas que llegaron al país por intermedio de una de las empresas importadoras de Felipe Jaramillo Samper, uno de los mayores contratistas del Estado para el sector defensa, reseña el periódico.

No obstante, Galvis insistió ante su mando superior sobre las irregularidades que él notó durante los protocolos de pruebas, incluso con registros videográficos, y en noviembre de 2011 el coronel Tapiero ordenó un informe sobre esas novedades.

Pero lo que parecía un procedimiento de rutina se convirtió para Galvis en un calvario. Lo acusaron de robar tres proveedores de Sig Sauer de la armería.

La única entidad que tiene Sig Sauer es la Policía, ¿a quién se los iba a vender? En el proceso ni siquiera se acreditó cuánto vale un proveedor, pero eso no pasa de $35.000. También dijeron que los había sacado en mi carro, pero ese día lo tenía en el taller y tengo todavía el recibo”, contó al periódico.

Pese a que el subintendente Carlos Galvis aportó pruebas, todas le fueron denegadas por el despacho de disciplina de la Dirección de la Policía.

Mi caso tuvo cinco nulidades, me violaron el debido proceso, lo mío fue amañado y veo que estaba hecho para destituirme por haber denunciado”, aseguró.

Sin embargo, lo que más pesa contra el suboficial es que gran parte de sus hallazgos nos los hizo por escrito, sino verbalmente. Por eso fueron desestimados muchos de sus alegatos y no encontró respaldo en la Procuraduría General.

Por el supuesto robo de los tres proveedores, Galvis fue retirado de la institución e inhabilitado 10 años para ejercer cualquier cargo público, reseña El Espectador.