Se le armó lío a senadora petrista: perdería su investidura por grave señalamiento

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La veeduría ciudadana solicitó al Consejo de Estado investigar a la exsenadora por presunto tráfico de influencias durante la polémica reforma pensional.

La controversia alrededor del trámite de la reforma pensional continúa escalando en el escenario judicial colombiano. La veeduría ciudadana VERCONTROL presentó formalmente una solicitud ante el Consejo de Estado para que se estudie una demanda de pérdida de investidura en contra de la exsenadora María José Pizarro, bajo la presunta causal de tráfico de influencias debidamente comprobado, según informó Blu Radio. 

La petición fue radicada por Juan Carlos Calderón España, presidente de VERCONTROL, quien también lideró la demanda que derivó en la decisión de primera instancia del alto tribunal mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name el pasado 25 de septiembre, de acuerdo con la emisora. 

Precisamente, los argumentos de esta nueva acción legal se desprenden de los hallazgos y menciones consignados en dicho fallo. Según se detalla en el documento judicial, Iván Name se ausentó de 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se discutió y tramitó la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Durante la mayor parte de esas ausencias, la dirección de las plenarias estuvo a cargo de María José Pizarro, quien para ese momento se desempeñaba como primera vicepresidenta del Senado, según informó el citado portal. 

A este panorama se suman las declaraciones entregadas por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, quien señaló que parte de la presunta colaboración de Name con el trámite legislativo del Gobierno consistía en cederle la presidencia de las sesiones a Pizarro. Este elemento central es el que utiliza la veeduría para solicitar al Consejo de Estado que examine minuciosamente las actuaciones de la entonces congresista.

Desde la perspectiva de VERCONTROL, se plantea la hipótesis de que Pizarro pudo haber aprovechado su posición directiva al frente de las plenarias para impulsar de manera presuntamente irregular la aprobación de la iniciativa gubernamental; no obstante, se trata de una presunción presentada por la organización y no de una conclusión definitiva de la justicia.

Para esclarecer los hechos, la veeduría solicitó al Consejo de Estado la práctica de diversas pruebas dentro del proceso, incluyendo los testimonios clave de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Con estas diligencias se busca determinar qué ocurrió exactamente durante las sesiones, cuál fue el grado de participación de los involucrados y si existen méritos suficientes para comprometer la responsabilidad jurídica de la exsenadora.