Ministerio de Justicia y Fundación Construyendo Tejido Social implementan Sistemas Locales de Justicia en 140 municipios de Colombia

Nación
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La iniciativa compromete recursos públicos y privados hasta 2026 para ampliar el acceso a la justicia local.

El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social para fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia, según los documentos oficiales del proyecto. Entre los municipios beneficiados se encuentran Valledupar y cinco localidades adicionales del departamento del Cesar. El convenio, que se ejecutará hasta el 15 de diciembre de 2026, tiene un valor global de $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la Fundación contribuye con $80.520.000 en especie, mediante asistencia técnica, capacitación y jornadas de acceso a la justicia.

De acuerdo con la ficha técnica, el propósito principal es coordinar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los Sistemas Locales de Justicia. Este modelo no implica la creación de nuevas entidades judiciales, ni reemplaza a la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces, sino que articula su labor con mecanismos comunitarios de solución de conflictos, como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores y líderes sociales. El convenio prevé cinco grandes productos nacionales: asistencia técnica en los departamentos y municipios priorizados, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y un informe final que sistematice los aprendizajes y evidencias del proceso.

En cuanto a Valledupar, el municipio ingresa en la fase de implementación del Sistema Local de Justicia. Se priorizó por criterios como la inclusión en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el interés de autoridades locales. El modelo prevé socialización, conformación del comité local de justicia, diagnóstico de conflictividad, rutas de atención y un sistema de monitoreo y evaluación. El Comité Local, presidido por el alcalde, incluye entidades como la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía; la Secretaría de Gobierno asume la secretaría técnica del proceso.

El componente de fortalecimiento también abarca a Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, municipios que ya han adoptado la estrategia, pero con niveles desiguales de funcionamiento, según el diagnóstico departamental citado. Todos los pagos del convenio están vinculados al cumplimiento de productos verificables y la documentación de resultados, para garantizar transparencia y seguimiento.

El diagnóstico departamental subraya el desafío de ejecutar estos sistemas en un contexto de altos indicadores de inseguridad. El Cesar registró tasas superiores al promedio nacional en hurtos y homicidios, además de preocupantes cifras en secuestros, extorsión y violencia intrafamiliar, lo que da relevancia adicional a la correcta implementación y fortalecimiento de estos Sistemas Locales de Justicia.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en municipios como Valledupar?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo que busca coordinar y articular las funciones de diferentes entidades e instancias de justicia, incluyendo autoridades judiciales, administrativas y comunitarias, para lograr una atención integral y eficiente en la resolución de conflictos locales. En municipios como Valledupar, este sistema implica diagnósticos territoriales, elaboración de rutas de acceso a la justicia, la conformación de comités locales presididos por el alcalde y la participación de instituciones clave. Su propósito no es reemplazar las entidades ya existentes, sino optimizar su articulación con mecanismos alternativos como jueces de paz y mediadores.

¿Cómo se financia y supervisa la implementación de los Sistemas Locales de Justicia según el convenio?

El financiamiento del convenio se distribuye en pagos sujetos al cumplimiento de entregables claros y verificables: desde informes de avance hasta actas y reportes financieros. Los desembolsos avanzan conforme se aprueban planes de trabajo, cronogramas, capacitaciones, despliegues territoriales y entregas de productos finales. Todo el proceso se somete a controles y requiere documentación que permite hacer seguimiento y verificación, lo que supone una vía para garantizar que los recursos se utilicen efectivamente y que la intervención tenga impacto real en los territorios priorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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