Gobierno evalúa declarar zona protegida en la Serranía de San Lucas: comunidades mineras de Antioquia expresan preocupación

Dos municipios de Antioquia, Segovia y El Bagre, podrían quedar incluidos dentro de una vasta extensión de 484.270 hectáreas que se busca declarar como Distrito Nacional de Manejo Integral (DNMI) en la Serranía de San Lucas, según información recopilada por El Colombiano. Esta iniciativa, impulsada como una estrategia de protección ambiental, ha generado notable preocupación en el Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, donde líderes mineros y representantes comunitarios advierten que pondría límites significativos a la minería formal y obstaculizaría la legalización de la actividad extractiva, uno de los propósitos del Gobierno nacional.

La zona contemplada abarca también diez municipios del sur de Bolívar, entre los cuales se encuentran Montecristo, Morales y Santa Rosa del Sur. Dentro de Segovia y El Bagre, la eventual declaratoria afectaría respectivamente 11.262 y 35.984 hectáreas, lo que equivale al 10,07 % y 23,16 % de sus territorios. El abogado representante de una de las mineras en la región, que pidió anonimato, expone que aunque la conciencia ambiental existe en las comunidades, insisten en que la medida no ha sido plenamente discutida con los pobladores. "No es que no se quiera la protección del ecosistema, la gente es consciente de que hay que generar mecanismos de protección, sino que es una medida que no ha sido enteramente consultada ni construida con las comunidades, aunque el Gobierno diga que sí", expresó.

El proceso se basa en la Ley 2 de 1959, que creó Zonas de Reserva Forestal Nacional para preservar recursos como los suelos y el agua. Sin embargo, señalan voceros como Yarley Marín, de la Mesa Minera del Nordeste, que el contexto ha cambiado en la última década y la definición de nuevas áreas protegidas desconoce las realidades actuales: hoy existen entables mineros y hasta poblados donde antes solo había selvas. Bajo esa regulación, actividades como la minería e incluso la ganadería quedarían prohibidas en estos territorios, lo que podría llevar al cierre de empresas que actualmente operan de manera legal y formal, afectando a cientos de trabajadores.

Las críticas principales apuntan al proceso de concertación: representantes de las comunidades sostienen que no han tenido participación activa en las mesas técnicas creadas para este fin. Aunque recientemente la interlocución se amplió a 35 organizaciones, sigue la percepción de que las decisiones podrían tomarse de forma unilateral, repitiendo experiencias similares ocurridas en otras regiones. Además, los alcaldes de municipios como Santa Rosa del Sur y Montecristo han expresado en documentos oficiales su rechazo a la declaratoria sin consenso social ni suficiente sustento técnico. Temen igualmente que se eleven los índices de desplazamiento o criminalización de comunidades históricamente vinculadas a la minería.

¿Cómo afectaría la declaratoria de zona protegida a los municipios mineros de Antioquia?

De acuerdo con líderes y representantes mencionados en El Colombiano, la declaratoria como Distrito Nacional de Manejo Integral limitaría la minería formal, prohibiendo actividades industriales y mecanizadas y permitiendo únicamente minería manual. Esto impactaría de manera directa los empleos, ingresos y actividades económicas del área, que en gran parte dependen de la explotación de metales preciosos.

¿Qué significa DNMI (Distrito Nacional de Manejo Integral) y cómo se definen sus restricciones?

El Distrito Nacional de Manejo Integral (DNMI) es una figura de protección ambiental basada en la Ley 2 de 1959, la cual prohíbe actividades como la tala de árboles, ganadería y otorgamiento de nuevos títulos mineros. La declaratoria busca conservar la biodiversidad, pero implica restricciones que afectan las posibilidades de actividades productivas en dichas zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.